Tras más de medio de mandato, el Gobierno municipal liderado por Jaume Collboni mantiene congelado el Plan de Barrios en La Marina, uno de los territorios más vulnerables y, hasta hace poco, uno de los más olvidados de la ciudad por parte de las instituciones. A pesar de los anuncios públicos de marzo, no se ha iniciado ninguna actuación concreta en el barrio. La red asociativa, las familias y los comercios denuncian que, dos años después del cambio de gobierno, no hay ni calendario de ejecución ni inversiones en marcha. El resultado: más frustración, más conflictos y una sensación creciente de abandono institucional.
Un plan con muchas dudas
El Plan de Barrios 2025–2028 prometía una inversión récord de 300 millones de euros en toda la ciudad. Para La Marina, se anunció un “plan singular” destinado a acompañar la transformación urbanística de la Marina del Prat Vermell. Sin embargo, este documento sigue en fase de redacción. La presentación oficial en la sala Pepita Casanellas estuvo marcada por la protesta vecinal de Can Clos, uno de los barrios históricos de la zona, que denunció la falta de medidas sociales y la exclusión de barrios como el Polvorí, la Vinya o el propio Can Clos del plan.
La inversión prevista para esta nueva fase es de 10 millones de euros, una cifra sensiblemente inferior a los 16,5 millones ejecutados en la etapa anterior del Plan de Barrios (2016–2023). Las entidades alertan de que solo la construcción de la escuela bressol anunciada y las mejoras en el campo de fútbol del Iberia podrían absorber la mayoría del presupuesto, dejando sin margen a las acciones comunitarias, educativas y de cohesión social que el barrio reclama.
Las tensiones aumentan
La situación estalló el pasado 17 de junio, cuando decenas de vecinos de Can Clos irrumpieron en una sesión informativa para exigir explicaciones a la concejal de distrito, Raquel Gil. La sesión tuvo que interrumpirse durante más de una hora. Las quejas se centraron en los pisos públicos vacíos y deteriorados, la falta de mantenimiento, la escalada de tensión social y la nula respuesta institucional. La concejal se comprometió a mantener una reunión específica con el vecindario para abordar la situación, pero aún no se ha concretado la fecha.
Un día antes, el 16 de junio, una intervención vecinal en la plaza del Mig acabó con el desalojo forzoso de un grupo de jóvenes acusados de protagonizar robos violentos. El hartazgo llevó al vecindario a actuar por su cuenta: tiraron muebles por el balcón y forzaron la salida de los ocupantes antes de que los Mossos ejecutaran el desahucio exprés. Las imágenes del desalojo circularon rápidamente por redes sociales, poniendo el foco en la inseguridad y el abandono de Can Clos. Los vecinos denuncian que hay varios pisos públicos cerrados desde hace meses, sin adjudicar y sin seguimiento.
Este episodio ha marcado un punto de inflexión. Can Clos es un barrio obrero cohesionado, nacido del realojo de familias en los años 50 y 60 y con un fuerte tejido comunitario. Pero la falta de equipamientos, el transporte público deficiente y la ausencia de inversión en estos últimos años están aumentando la imaciencia. Mientras en Montjuïc se celebran macroeventos, congresos y ferias, Can Clos sigue esperando que se escuche su voz. “No se puede construir ciudad a espaldas de quienes la sostienen cada día”, lamenta una vecina histórica.
Recortes en servicios públicos y atención ciudadana
Otra reivindicación que sigue sin respuesta es la reapertura de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), cerrada desde las obras del centro Pepita Casanellas. Aunque el pleno del distrito aprobó por unanimidad una proposición para recuperar el servicio presencial, el gobierno municipal ha decidido no reabrirla. En su lugar, se instaló una oficina virtual con pantallas, que ha sido muy criticada, especialmente por las personas mayores. “No es solo un trámite, es el trato”, resume una jubilada del barrio. El PSC ha incumplido incluso su compromiso público de recuperar la atención personalizada, lo que ha generado una fuerte indignación vecinal.
A la falta de servicios se suman problemas de convivencia que se agravan por la inacción municipal. Los Jardines de la Mediterrània, remodelados con dos millones de euros durante el mandato de la alcaldesa Ada Colau, se han convertido en un foco de conflictos nocturnos por la falta de atención del actual consistorio. Gritos, peleas, consumo de alcohol y terrazas descontroladas han llevado al vecindario a exigir su cierre durante la noche. Pese al consenso entre los partidos de la oposición y las reiteradas quejas de vecinos, el gobierno del PSC ha bloqueado todas las iniciativas para abordar esta situación. La sensación de abandono institucional va en aumento.
Con más de 32.000 habitantes y un crecimiento demográfico previsto de más del 30% en los próximos años, La Marina necesita más que promesas. El vecindario reclama inversiones reales inmediatas, planificación a medio plazo y una presencia institucional que no se limite a las fotos. La congelación del Plan de Barrios y el silencio del Gobierno municipal no hacen más que alimentar el descontento. Para muchos, La Marina vuelve a ser ese barrio al que solo se le recuerda cuando ya es demasiado tarde.