Collboni permite alquileres de hasta 1.000 € por habitación tras una reforma ilegal en Gràcia con solo una multa de 500 €

La propiedad expulsó a inquilinos y reformó sin licencia un edificio entero para alquilarlo como ‘coliving’, mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado.

La propiedad expulsó a inquilinos y reformó sin licencia un edificio entero para alquilarlo como ‘coliving’, mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado.

El Sindicat de Llogateres y el Sindicat d’Habitatge de Gràcia han denunciado que el Ayuntamiento de Barcelona, bajo el mandato de Jaume Collboni, ha permitido que la empresa New Amsterdam Developers reforme ilegalmente un edificio entero en la calle Sant Agustí, 14, para ofrecer habitaciones en alquiler a precios desorbitados, sin aplicar la normativa del 30 % de vivienda protegida. La sanción municipal: una multa única de 500 euros y un requerimiento menor para regularizar las obras.

Los sindicatos acusan al gobierno municipal de mirar hacia otro lado ante una operación especulativa que vulnera múltiples normativas urbanísticas y de vivienda. Tras ejecutar obras sin licencia en varios pisos del inmueble, la empresa los está alquilando por habitaciones a precios que oscilan entre los 820 y los 980 € mensuales. Mientras tanto, los pocos vecinos que aún resisten en el bloque, como Odkhuu, denuncian presiones legales, burofaxes falsos y demandas de desahucio para forzar su salida.

El caso se ha convertido en un símbolo del fracaso del Ayuntamiento a la hora de hacer cumplir su propia normativa. Según los sindicatos, las reformas ejecutadas deberían considerarse una “gran rehabilitación”, lo que obligaría a aplicar la reserva del 30 % para vivienda protegida. Sin embargo, hasta la fecha, el consistorio no ha actuado en este sentido. Tampoco se ha detenido el uso turístico y especulativo del inmueble, convertido ya en una fuente de negocio para el fondo inversor, con beneficios mensuales de hasta 2.700 € por piso.

Desde el Sindicat de Llogateres acusan directamente a Collboni de estar negociando a puerta cerrada con Foment del Treball y la patronal inmobiliaria una reforma que vaciaría de contenido la medida del 30 %. “Es absurdo que quienes siempre se opusieron a esta norma ahora se presenten como facilitadores del consenso”, critican. Reclaman sanciones reales, paralización de los desahucios en el bloque y renovación inmediata de los contratos de alquiler. «Este edificio es solo la punta del iceberg: cada vez hay más bloques en lucha en Barcelona», concluyen.

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