En Barcelona hay solo 165 lavabos públicos para más de 1.700.000 habitantes. Pese a ello, el gobierno municipal de Jaume Collboni ha decidido endurecer las sanciones por hacer necesidades fisiológicas en la vía pública. Según datos del propio Ayuntamiento, las multas por orinar, defecar o escupir en la calle crecieron un 24 % en solo un año, alcanzando las 6.223 sanciones en 2024. Ahora, la reforma de la Ordenanza de Convivencia propone subir las multas hasta los 750 € si se orina en calles estrechas o zonas de ocio, en lugar de ampliar la red de aseos.
La indignación crece entre la ciudadanía. Personas mayores, como Anna Cañizares, denuncian que no pueden permitirse consumir para entrar en un bar y que la ausencia de lavabos públicos supone una humillación constante. “Mi marido, un día, se hizo pipí encima saliendo del metro”, relata. Desde asociaciones vecinales hasta la Sindicatura de Greuges reclaman con urgencia más instalaciones, mejor señalización y una distribución más equitativa en todos los barrios. Pero el Ayuntamiento insiste: “Es una red estable y suficiente desde hace años”.
El problema se agrava para colectivos especialmente vulnerables. Las personas sin hogar no tienen acceso a baños ni duchas, y sufren sanciones que no pueden pagar. Desde ACCU Catalunya, que agrupa a personas con Crohn, Colitis Ulcerosa u ostomías, alertan de que la falta de baños limita su autonomía y afecta gravemente a su salud física y mental. A través del programa “No puedo esperar”, intentan que comercios y centros públicos abran sus puertas a quienes no pueden esperar… pero no es suficiente.
Además, algunos de los pocos baños que existen presentan graves problemas de mantenimiento e higiene. Vecinos del Raval denuncian que se han convertido en puntos de consumo de drogas, con poca vigilancia y escasa limpieza. “El olor a orines en algunas calles es insoportable”, dice Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio. Ante esta realidad, la Sindicatura pide una ordenanza menos punitiva y más humana. Pero el gobierno de Collboni sigue optando por la vía rápida: multar antes que cuidar.