Bajo la administración del alcalde Jaume Collboni y el PSC, el Ayuntamiento de Barcelona ha incrementado drásticamente el alquiler de viviendas municipales ocupadas por familias vulnerables, llegando a triplicar el coste mensual en algunos casos. Los vecinos afectados, residentes en una finca de protección oficial en el barrio del Raval, han visto cómo el precio del alquiler, que antes era asumible, ahora se ha convertido en una carga insostenible. Sin notificación previa y sin explicar las razones de estos aumentos, los habitantes de estos pisos se han encontrado de repente destinando gran parte de sus escasos ingresos al alquiler, superando en algunos casos el 30% de sus ingresos, un límite establecido en la normativa de protección social.
El caso de Rita González, una de las afectadas, ilustra la dureza de la situación. Esta madre de dos hijas, con ingresos de apenas 1.000 euros al mes, pagaba alrededor de 120 euros de alquiler, lo cual le permitía cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, desde el pasado mes de febrero, el alquiler de su vivienda ha subido a casi 500 euros, una cifra que la ha dejado sin capacidad de ahorro y con problemas para llegar a fin de mes. A pesar de solicitar explicaciones al Instituto Municipal de la Vivienda, González solo ha recibido el silencio como respuesta, reflejando la falta de transparencia en el proceso y el impacto de una administración insensible a las dificultades de sus ciudadanos más vulnerables.
Otros vecinos, como Samir Sriheb, que reside en el mismo bloque desde 2015 tras ser adjudicatario de una vivienda por la mesa de emergencia municipal, también han sufrido subidas similares. Su familia depende únicamente de su pensión por incapacidad y los ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos mensuales de agua, gas y electricidad, mucho menos para hacer frente al nuevo coste del alquiler. Sriheb se ha visto en la necesidad de reorganizar sus finanzas y restringir al máximo sus gastos para poder mantenerse en su hogar, una situación especialmente paradójica y dolorosa dado que se trata de un piso de protección oficial.
Estos aumentos de alquiler, responsabilidad del actual equipo municipal liderado por Collboni, han provocado que los vecinos de la finca del Raval se unan y estudien acciones legales conjuntas para exigir explicaciones y que se respeten los límites de coste en las viviendas de protección. Además, denuncian el estado de degradación de la finca y la falta de mantenimiento, sumando a sus dificultades la incomodidad de vivir en un edificio donde no se han reparado desperfectos básicos como el interfono o la puerta principal. En lugar de mejorar la calidad de vida de estos hogares, el actual gobierno del PSC parece abocar a sus propios vecinos más vulnerables a la exclusión, ignorando el sentido social y comunitario que debería regir la gestión de las viviendas municipales.