El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido retirar de la lista de proyectos a votación en los presupuestos participativos la ampliación del eje verde de la calle de Girona hasta la calle de Còrsega. La propuesta, impulsada por la Associació de Veïnes i Veïns de la Dreta de l’Eixample, pretendía prolongar la pacificación de esta vía para conectar el Eixample con Gràcia mediante un bulevar ajardinado y accesible para peatones. El consistorio ha comunicado el veto a través de los servicios técnicos municipales, alegando motivos económicos, normativos y de planificación urbanística.
Según los técnicos, el proyecto supera el presupuesto máximo permitido en esta convocatoria. La asociación vecinal propuso entonces una solución intermedia con urbanismo táctico, pero el Ayuntamiento también la rechazó. Otro de los motivos es que el eje desembocaría en la calle Milà i Fontanals, lo que podría reactivar antiguas reivindicaciones vecinales en Gràcia sobre la transformación de esta calle en plataforma única. También se ha esgrimido que una normativa de 2023 impide este tipo de actuaciones en calles de más de 10 metros de ancho, pese a que contempla excepciones.
El último argumento esgrimido por el gobierno municipal es que esta intervención interferiría con futuras obras del tranvía en la avenida Diagonal. Para la asociación vecinal, este argumento es poco consistente y refleja una voluntad política clara de no continuar con el modelo de ejes verdes impulsado por el anterior gobierno de Barcelona en Comú. Recuerdan, además, que hace pocas semanas el consistorio ya tumbó otra propuesta del barrio: recuperar la playa urbana en el interior de la Torre de les Aigües.
La frustración vecinal es evidente. Desde la asociación lamentan que se esté dejando de lado un proyecto que había despertado consenso y que representaba una mejora concreta del espacio público en un barrio muy afectado por la densidad del tráfico. Los presupuestos participativos, impulsados por el anterior mandato con Ada Colau, vuelven así a verse marcados por vetos técnicos y decisiones políticas que limitan la capacidad real de la ciudadanía para decidir sobre su entorno.