Un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) pone de relieve la inseguridad residencial que afecta a los inquilinos de la ciudad. Casi la mitad de las familias no tiene la certeza de poder mantener su vivienda en los próximos seis meses. Además, dos de cada tres destinan más del 30 % de sus ingresos al pago del alquiler y los suministros, lo que los sitúa en riesgo económico.
La precariedad del mercado de alquiler en Barcelona queda reflejada en otras cifras preocupantes: el 80 % de los inquilinos ha tenido que cambiar de vivienda en los últimos cinco años, muchos por subidas desorbitadas de los alquileres o por no renovación de contratos. Incluso un 9,4 % de los arrendatarios carece de contrato formal, con más de la mitad de estos casos concentrados en alquileres de habitaciones.
El informe también denuncia que en España la temporalidad es la norma, a diferencia de países como Francia o Alemania, donde predominan los contratos indefinidos. Ante esta situación, el IDRA reclama la implantación de alquileres indefinidos y una regulación eficaz de los precios para garantizar la estabilidad residencial y frenar el aumento de la pobreza relativa en la ciudad.
El contexto es alarmante: un tercio de las familias barcelonesas gasta más del 50 % de sus ingresos en el alquiler, quedándose con menos de 561 euros al mes para vivir. Esta situación, calificada como “pobreza grave relativa”, exige medidas urgentes para evitar que el acceso a la vivienda siga siendo un lujo inalcanzable para muchos.