El 61% de las viviendas de alquiler en España está en manos de propietarios con dos o más pisos arrendados, según un estudio presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 junto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El informe analiza los contratos de alquiler de larga duración y concluye que el mercado residencial está dominado mayoritariamente por los llamados “multiarrendadores”, tanto particulares como empresas.
La investigación deja fuera del cálculo los pisos turísticos y los alquileres de temporada, y se centra exclusivamente en las viviendas habituales. Según los datos de la Agencia Tributaria recogidos en el estudio, incluso si se analizan únicamente los propietarios particulares, el 53% de los pisos alquilados pertenece a personas con dos o más viviendas arrendadas, frente al 47% controlado por propietarios con un solo inmueble.
El informe también destaca que la concentración del mercado es todavía mayor en las grandes ciudades. Barcelona aparece como una de las capitales con más presencia de multiarrendadores entre propietarios particulares: el 61% de los pisos de alquiler pertenece a personas que reciben ingresos de dos o más viviendas. Solo ciudades como Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Palma de Mallorca presentan cifras superiores. Madrid y València también superan la media estatal.
Los autores del estudio señalan además que la concentración de vivienda en alquiler ha aumentado durante la última década. Mientras el número de pisos alquilados por propietarios con una sola vivienda creció un 30%, las viviendas controladas por arrendadores con dos o más inmuebles aumentaron un 40%. El documento apunta así a una tendencia de mayor acumulación de propiedad dentro del mercado residencial de alquiler.
La creciente concentración de viviendas en alquiler en manos de propietarios con varios inmuebles vuelve a situar el debate sobre la regulación del mercado en el centro de las políticas públicas. Expertos y entidades sociales llevan años reclamando medidas para aumentar el parque público de vivienda, limitar la especulación y garantizar precios asequibles en las zonas más tensionadas, especialmente en ciudades como Barcelona, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales.