Un estudio sobre vivienda elaborado por 40dB para El País revela que la crisis habitacional golpea con más fuerza a los inquilinos que a los propietarios. Mientras que el 73,7% de los inquilinos en Catalunya declara sufrir la crisis de la vivienda, solo el 47% de los propietarios percibe este problema. Además, casi la mitad de los inquilinos no vive donde quisiera debido a los altos precios y la falta de oferta asequible. La encuesta confirma que el acceso a la vivienda es una de las principales brechas sociales en Cataluña.
Las medidas para combatir la crisis tienen un fuerte respaldo social, especialmente aquellas que afectan a los grandes propietarios y la especulación inmobiliaria. Entre las más apoyadas en Catalunya están reforzar las inspecciones contra pisos turísticos ilegales (84,2%), penalizar fiscalmente los alquileres abusivos (75,7%) y prohibir pisos turísticos en edificios residenciales (72,5%). Estas cifras reflejan un mayor apoyo a políticas de control de precios y regulación del mercado en comparación con el resto de España.
El apoyo a estas medidas varía según la edad y el régimen de vivienda. Los jóvenes de 18 a 34 años priorizan penalizar el alquiler abusivo, mientras que los mayores de 55 años consideran más urgente aumentar las inspecciones a pisos turísticos. Entre los inquilinos, la medida más valorada es la flexibilización de las condiciones para acceder a vivienda de protección oficial. En cambio, los propietarios priorizan el control de los pisos turísticos ilegales, pero rechazan que el sector público tenga prioridad de compra sobre inmuebles y terrenos.
A pesar de la crisis de acceso a la vivienda, el modelo de propiedad sigue siendo mayoritario: el 83% de los catalanes cree que lo ideal es vivir en una vivienda en propiedad. Sin embargo, 4 de cada 10 personas que aún no tienen vivienda propia creen que nunca podrán comprar una. Esta percepción es más alta entre la generación X y los boomers, mientras que los jóvenes creen que podrían comprar una vivienda en más de cinco años. La brecha entre propietarios e inquilinos no deja de crecer, alimentando un conflicto social que sigue sin respuesta política efectiva.