Buscar vivienda de alquiler siendo migrante en España se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos. Es lo que denuncia el nuevo informe El precio del prejuicio, elaborado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), que revela una discriminación estructural y sistemática contra las personas de origen migrante en el acceso a la vivienda. Los datos son demoledores: el 99% de las inmobiliarias acepta aplicar criterios de exclusión racistas y uno de cada tres hogares inquilinos en el Estado tiene origen extranjero.
El estudio recoge decenas de testimonios que ilustran un patrón común: desde excusas para no enseñar un piso hasta peticiones de garantías imposibles. “Te miran raro por tu nombre o por cómo hablas. Luego mi pareja llama con otro acento y le dan cita para visitarlo”, explica Othman, nacido en Barcelona. Su caso no es aislado: siete de cada diez personas migrantes viven de alquiler, muchas veces en habitaciones, y más del 40% lo hace en situación de hacinamiento.
Además, el informe alerta de una creciente “inclusión predatoria”: aunque los migrantes pagan lo mismo que cualquier otro inquilino, sus condiciones son mucho más precarias. Más de la mitad sufren deficiencias graves en la vivienda y solo un 13% puede permitirse vivir solo. “No es solo una cuestión económica. Es una discriminación racial y estructural que empuja a la gente a vivir mal”, apunta el investigador Pablo Pérez Ruiz, coautor del informe.
Esta exclusión también tiene efectos emocionales, sociales y familiares. El 25% de los inquilinos migrantes se ha mudado al menos tres veces en cinco años. Un tercio ha sufrido abusos por parte de propietarios y muchos viven con miedo constante a ser expulsados. “Tener casa es tener estabilidad. Sin ella, se cae todo”, afirma Pérez. El resultado es un profundo desarraigo, combinado con altos índices de pobreza: el 60% de las personas migrantes extracomunitarias vive en riesgo de exclusión social.
Frente a esta situación, los expertos reclaman medidas urgentes: un marco legal que prohíba explícitamente la discriminación en vivienda, sistemas de control sobre las inmobiliarias, formación específica para los profesionales del sector y plataformas de denuncia accesibles. Porque tener un techo no debería depender de cómo te llamas, de dónde vienes o de cuántas nóminas puedes presentar. Debería ser, sencillamente, un derecho.