El Ayuntamiento de Barcelona ha desalojado este 31 de julio a 32 personas sin hogar que vivían en un asentamiento de Montjuïc, situado en la carretera de Miramar, junto a la ronda del Litoral y cerca del parque de Bomberos. El operativo comenzó alrededor de las ocho de la mañana y estuvo encabezado por la Guardia Urbana, con participación de los Mossos d’Esquadra, servicios sociales, equipos de limpieza y la Agencia de Salud Pública. El consistorio sostiene que la intervención responde a problemas de seguridad, salubridad y convivencia detectados en la zona.
Según el Ayuntamiento, el asentamiento acumulaba 148 incidencias vinculadas al espacio y presentaba acumulación de residuos, problemas de salubridad y situaciones relacionadas con el consumo de drogas. El consistorio también señaló como factores de riesgo la proximidad de las tiendas de campaña a la ronda del Litoral y al parque de Bomberos de Montjuïc. Tras el desalojo se realizaron trabajos de limpieza y actuaciones fitosanitarias para el control de plagas.
La intervención deja, sin embargo, abierta la situación residencial de la mayoría de las personas afectadas. Solo tres de las 32 personas desalojadas acudieron al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) para solicitar ayuda. La propia concejala de Salud, Marta Villanueva, reconoció que parte de las personas afectadas probablemente acabarían desplazándose a otros puntos de la vía pública. En mayo, el Ayuntamiento contabilizaba más de 200 personas durmiendo al aire libre en distintos asentamientos de Montjuïc.
Arrels Fundació ha reclamado al Ayuntamiento de Barcelona y al resto de municipios catalanes una moratoria de los desalojos de personas sin hogar mientras no existan alternativas residenciales adecuadas. La entidad denuncia que estas operaciones se han repetido durante los últimos dos años y sostiene que trasladar a las personas de un espacio a otro aumenta su vulnerabilidad sin abordar las causas estructurales del sinhogarismo. La Federación Catalana de Drogodependencias también ha criticado que el problema se aborde principalmente desde una perspectiva de seguridad y convivencia y reclama respuestas sociales, sanitarias y residenciales.