El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Jaume Collboni, ha aprobado este miércoles la autorización para que la Guàrdia Urbana pueda utilizar pistolas eléctricas o Taser, incluso contra personas con trastornos mentales o situaciones de vulnerabilidad. La medida, que ha contado con el apoyo del PSC, Junts, PP y Vox, ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones sociales y activistas por los derechos humanos, que llevan meses denunciando el peligro potencialmente letal de estas armas.
El reglamento aprobado permite explícitamente el uso de las Taser contra personas en riesgo de suicidio, menores mayores de 14 años, personas esposadas y ciudadanos bajo los efectos del alcohol o drogas. Todo ello contradice abiertamente las recomendaciones internacionales, que han alertado repetidamente sobre las graves consecuencias que pueden provocar estas armas en colectivos especialmente sensibles, como personas con cardiopatías o en crisis de salud mental. Las entidades Irídia y la Taula de Salut Mental de Catalunya han solicitado reiteradamente al consistorio suspender esta regulación hasta que se realice un estudio independiente sobre sus efectos.
Barcelona en Comú ha votado en contra, calificando el reglamento de «peligroso» e «irresponsable». El concejal Marc Serra ha señalado que las Taser son «armas potencialmente letales que pueden causar graves lesiones», y ha acusado al gobierno municipal de ignorar intencionadamente las alertas emitidas por organismos internacionales de derechos humanos. Por su parte, ERC ha optado por la abstención, aunque ha pedido al ejecutivo mayor receptividad ante las alegaciones planteadas, señalando que la formación policial y la mediación deberían prevalecer por encima del uso de fuerza eléctrica.
En cambio, los grupos de derecha y extrema derecha han presionado para aumentar la cantidad inicial prevista de 22 pistolas, reclamando una mayor militarización del cuerpo policial local. El reglamento, impulsado por el teniente de alcalde Albert Batlle, apenas ha sufrido modificaciones significativas respecto al borrador inicial, manteniendo las cláusulas más polémicas. Las organizaciones sociales exigen ahora un proceso participativo real que tenga en cuenta la protección efectiva de los derechos fundamentales y denuncian que la decisión del consistorio profundiza en la estigmatización de colectivos ya vulnerables.