El Gobierno prevé volver a aprobar este martes en el Consejo de Ministros los dos decretos de vivienda rechazados el pasado viernes por el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts. La decisión se produce el mismo día en que Pedro Sánchez ha anunciado elecciones generales para el próximo 29 de noviembre y después de varios días de movilizaciones por la crisis de acceso a la vivienda. Los textos todavía pueden sufrir modificaciones, aunque fuentes de Moncloa apuntan a que conservarán las principales medidas acordadas entre PSOE y Sumar.
La disolución de las Cortes cambia además el escenario parlamentario. Los reales decretos leyes deberán ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso, un órgano de composición reducida en el que el voto de Junts deja de ser imprescindible para que salga adelante al menos el primero de los textos si el resto de fuerzas mantiene la posición expresada en la votación del viernes.
Entre las medidas recogidas en ese primer decreto figuran la prolongación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, la ampliación de determinadas prórrogas de los contratos de alquiler hasta 2028 y restricciones a la compra especulativa de vivienda por parte de fondos. Los textos aprobados inicialmente también incorporaban regulación del alquiler temporal, de habitaciones y turístico, además de modificaciones fiscales sobre el IRPF, el IVA y las sociedades de inversión inmobiliaria.
El segundo decreto tiene una tramitación más incierta. Su principal medida es la renovación automática de los contratos de alquiler, una reivindicación impulsada por el Sindicato de Inquilinas después de las movilizaciones y de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol. El PNV rechazó esta disposición en la anterior votación, por lo que el Ejecutivo necesitará un cambio en su posición para garantizar su convalidación en la Diputación Permanente.