El juez Juan Carlos Peinado ha denunciado al divulgador y politólogo Alan Barroso por un mensaje publicado en la red social X, en el que criticaba la instrucción que el magistrado dirige en el caso que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La denuncia fue presentada en los juzgados de Madrid en el marco de las tensiones generadas en torno al proceso judicial, que desde hace meses acumula cuestionamientos públicos por su gestión y por la ausencia de información en puntos clave de la causa.
Según la información adelantada por ElPlural.com, Peinado decidió interponer la denuncia tras considerar que el tuit de Barroso atentaba contra su honor y cuestionaba su imparcialidad. El mensaje hacía referencia a la falta de avances conocidos en la instrucción y a la continuidad del magistrado en el caso pese a las críticas de diversos sectores jurídicos. Este movimiento judicial se produce en un momento en que el magistrado mantiene bajo secreto varias actuaciones y ha sido objeto de recursos y peticiones de recusación.
La denuncia se suma al clima de controversia que rodea la investigación vinculada a la pareja de Ayuso, cuyo procedimiento ha destacado por la ausencia de comparecencias públicas y por retrasos en la práctica de diligencias. Diversas voces del ámbito jurídico han señalado la falta de claridad en la tramitación del caso, mientras que asociaciones profesionales han reclamado mayor transparencia en asuntos con impacto institucional. La actuación de Peinado ha sido objeto de análisis continuado debido al escrutinio político y mediático que acompaña la causa.
La decisión de denunciar a un comunicador por un comentario crítico en redes plantea un escenario poco habitual en la relación entre poder judicial y esfera pública. Alan Barroso, que cuenta con una amplia audiencia en redes sociales, ha comentado en varias ocasiones el desarrollo del caso, en un contexto donde el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la crítica política se mantiene especialmente vivo. La repercusión del caso podría marcar un precedente sobre la exposición pública de los magistrados y el impacto del análisis político en plataformas digitales.