El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un expediente sancionador contra Alquiler Seguro, una gran inmobiliaria que opera en todo el territorio español, por posibles prácticas abusivas contra las personas inquilinas en la gestión del alquiler. El procedimiento, anunciado por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, llega tras denuncias de varias organizaciones defensoras de los consumidores, que señalan reiterados incumplimientos de la Ley de Vivienda.
Según detallan el Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Alquiler Seguro habría vulnerado la normativa al imponer ilegalmente pagos como comisiones por gestión del alquiler y contratación obligatoria de seguros, además de servicios adicionales no solicitados por los arrendatarios. Desde el Ministerio subrayan que la investigación permanece abierta y podría extenderse a más empresas del sector inmobiliario que también estarían incumpliendo la ley.
Las sanciones previstas por estas prácticas podrían ser cuantiosas. Según la Ley de Defensa de los Consumidores, las multas por infracciones graves pueden llegar hasta los 100.000 euros, e incluso podrían incrementarse hasta ocho veces los beneficios ilícitos obtenidos en los casos considerados muy graves, llegando hasta el millón de euros de multa.
El Sindicato de Inquilinas ha destacado que esta resolución abre la puerta a que miles de inquilinos afectados puedan reclamar la devolución de pagos indebidos. Denuncian que Alquiler Seguro retuvo ilegalmente cantidades adicionales presentadas como «garantías» que nunca llegaron a proteger al propietario y que, además, exigió contratar servicios con empresas del mismo grupo empresarial, encareciendo injustificadamente los alquileres.
La acción del Ministerio de Derechos Sociales se suma a otros procesos recientes contra prácticas abusivas en el sector de la vivienda, como el expediente abierto contra Airbnb por publicidad ilícita. Esta vigilancia coincide con una creciente movilización social que culminará en una gran manifestación por el derecho a la vivienda, prevista en las principales ciudades españolas el próximo 5 de abril.