El movimiento por la vivienda ha intensificado la presión contra el Ayuntamiento de Barcelona ante la intención del alcalde Jaume Collboni de modificar la normativa que obliga a reservar un 30% de vivienda protegida en todas las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones. Este martes, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, calificó de «lamentable» la propuesta municipal y acusó directamente al alcalde de hacer «favores a la patronal inmobiliaria» mediante estas modificaciones.
El consistorio barcelonés pretende limitar esta obligación trasladando buena parte de la vivienda protegida a suelo público en zonas periféricas, y excluyendo las grandes rehabilitaciones del cumplimiento obligatorio del 30%. Para las entidades sociales, esta reforma «no mejora la medida, sino que la recorta gravemente», ya que precisamente los barrios más tensionados, como el Eixample o Gràcia, quedarían fuera de su aplicación efectiva, acentuando así el riesgo de gentrificación.
Según los datos aportados por el Sindicat de Llogateres, la exclusión de las grandes rehabilitaciones de la norma pone en peligro a casi 4.000 edificios en Barcelona. Carme Arcarazo subrayó que la propuesta del gobierno municipal podría provocar nuevos conflictos inmobiliarios como el caso de la Casa Orsola, el emblemático edificio cuyos inquilinos se enfrentan a la expulsión debido a la presión especulativa y la falta de protección suficiente por parte del Ayuntamiento.
Frente a esta situación, las entidades han convocado una manifestación para el próximo fin de semana con el objetivo de defender en la calle la medida del 30%. Además, insisten en ir más allá: exigen ampliar la reserva hasta un 40% y dedicar obligatoriamente estas viviendas al mercado de alquiler asequible. «No vamos a permitir que Collboni desmantele esta herramienta vital para garantizar el derecho a la vivienda en Barcelona», ha afirmado Lali Daví, miembro de la Xarxa d’Economia Solidària.