El Sindicat de Llogateres ha desmentido que exista una negociación con los inquilinos de Casa Orsola, contradiciendo las declaraciones del alcalde Jaume Collboni. En un comunicado, el sindicato ha señalado que el Ayuntamiento no ha intervenido en la mediación y que cualquier negociación real pasa primero por la retirada de las órdenes de desahucio. La lucha vecinal ha logrado aplazar la expulsión de Josep Torrent hasta el 18 de febrero, pero la amenaza sigue presente.
El Sindicat también ha alertado de que la intención del gobierno municipal de eliminar la reserva del 30% de vivienda social para nuevas promociones supondrá un aumento de casos como el de Casa Orsola en Barcelona. La eliminación de esta medida abriría la puerta a que miles de familias sean expulsadas de sus hogares debido a la especulación inmobiliaria. «Desmantelar esta regulación pondría en riesgo a más de 60.000 hogares, que podrían ser víctimas de operaciones especulativas como la de Casa Orsola», advierten en su comunicado.
El conflicto de Casa Orsola comenzó en 2021, cuando el fondo de inversión Lioness Inversiones compró el edificio y empezó a expulsar a los inquilinos para convertir las viviendas en alquileres de temporada a precios desorbitados. A pesar de años de protestas y peticiones de mediación, la propiedad sigue sin aceptar una solución colectiva para los vecinos. Mientras tanto, el Ayuntamiento se ha mantenido al margen y ahora intenta presentarse como mediador sin haber iniciado ninguna negociación real.
El Sindicat de Llogateres ha reiterado que Casa Orsola es “indesalojable” y que la movilización continuará. El próximo 18 de febrero, los vecinos volverán a concentrarse para frenar un nuevo intento de desahucio. “Volveremos a defenderla tantas veces como haga falta”, han asegurado. Mientras, la crisis habitacional en Barcelona sigue agravándose, con cada vez más familias en riesgo de ser expulsadas de sus hogares.