El Tribunal Supremo ha avalado la normativa aprobada en 2018 por el Ayuntamiento de Barcelona que obliga a destinar un 30 % de las viviendas de nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. La sentencia desestima el recurso presentado por una promotora privada y confirma la legalidad de una medida impulsada durante el gobierno de Ada Colau y Barcelona en Comú para hacer frente a la crisis de vivienda en la ciudad.
El alto tribunal respalda que los municipios pueden fijar este tipo de obligaciones urbanísticas y rechaza que supongan una vulneración del derecho de propiedad o una indemnización automática a los promotores. La resolución refuerza así la seguridad jurídica de una política pionera en el Estado, concebida para garantizar que parte del crecimiento inmobiliario revierta directamente en vivienda asequible.
La reserva del 30 % fue una de las iniciativas más emblemáticas del mandato de Colau y de la agenda de los Comuns, orientada a frenar la expulsión del vecindario y a ampliar el parque de vivienda protegida en una ciudad marcada por el encarecimiento del alquiler y la compra. Desde su aprobación, la norma ha sido objeto de una fuerte oposición por parte del sector inmobiliario, que ha cuestionado su impacto en la promoción de obra nueva.