La futura transformación de la Illa Citroën, en el barrio de La Bordeta, suma un nuevo frente vecinal. Residentes del entorno han detectado un elemento urbanístico que, según denuncian, no se explicó de forma clara ni durante el proceso participativo ni en las sesiones informativas impulsadas por el Ayuntamiento: los equipamientos previstos junto a las medianeras de edificios ya existentes podrían alcanzar hasta 10 metros de altura, generando un fuerte impacto oculto en el proyecto de la Illa Citroën sobre las viviendas actuales. La controversia se produce en el marco de la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) impulsada por el Gobierno municipal del PSC.
La preocupación se concentra especialmente en fincas situadas en las calles Constitució y Riera Blanca. Muchos vecinos habían interpretado que las nuevas construcciones serían de planta baja, casi como una transición suave entre el espacio público y las viviendas. Sin embargo, al revisar documentación técnica y renders del proyecto, detectaron que los volúmenes podrían elevarse varios pisos, provocando un efecto de “encajonamiento” sobre patios y fachadas interiores. Las simulaciones visuales elaboradas por el vecindario muestran cómo varias ventanas y balcones de las dos primeras plantas de los edificios ya existentes quedarían frente a nuevos muros, reduciendo notablemente la entrada de luz y la sensación de amplitud.
El posible impacto no es menor. Residentes afectados alertan de una pérdida significativa de luz natural, ventilación y vistas, especialmente en bajos, primeros y segundos pisos. A eso se suma otro temor silencioso, pero muy presente en conversaciones vecinales: la devaluación de viviendas ya consolidadas en una zona densamente edificada, mientras el proyecto incorpora más de un centenar de nuevas viviendas privadas. En algunos documentos gráficos compartidos se aprecia cómo los nuevos equipamientos quedarían prácticamente adosados a edificios preexistentes, alterando de forma drástica la relación visual y espacial actual.
Desde el grupo municipal de Barcelona en Comú en Sants-Montjuïc sostienen que este hallazgo refuerza las críticas que llevan meses formulando sobre el proceso. La formación denuncia que el proyecto ha estado condicionado desde el inicio por un convenio previo firmado entre el Gobierno de Jaume Collboni y Stellantis, antes de abrir el debate vecinal sobre el futuro de unos terrenos históricamente calificados como zona verde. Según los Comuns, el proceso participativo quedó limitado por un marco ya definido, reduciendo el margen para discutir alternativas reales sobre usos, edificabilidad y necesidades del barrio.
La polémica se produce, además, en un contexto de déficit histórico de zonas verdes y equipamientos en La Bordeta. Entidades y vecinos llevan tiempo reclamando que la operación urbanística priorice espacios públicos de calidad y servicios comunitarios frente al peso del mercado residencial privado. Barcelona en Comú exige ahora al Gobierno municipal que haga público el impacto real del proyecto sobre las fincas existentes y que toda la información se ponga sobre la mesa antes de seguir avanzando en una intervención que podría cambiar de forma irreversible el paisaje cotidiano de muchas viviendas.