Islandia ha decidido tomar la delantera frente a los efectos del turismo descontrolado. Con más de 2 millones de visitantes anuales y un peso creciente del sector en su PIB —un 8,5% en 2023—, el Gobierno islandés ha anunciado un giro en su modelo fiscal. Busca que los turistas paguen más por el impacto de sus estancias, con el objetivo de proteger sus espacios naturales y garantizar la sostenibilidad del modelo económico.
En enero, el ejecutivo reintrodujo un impuesto que ya existía antes de la pandemia: 4 euros por noche en cualquier alojamiento turístico, con tasas más altas para cruceristas o quienes duermen en campings y caravanas. Pero los planes no se quedan ahí. El nuevo primer ministro, Bjarni Benediktsson, ha confirmado que trabajan en un sistema que permita aplicar tarifas variables según la demanda, la temporada o la presión sobre los destinos. “Nos gustaría que el usuario pague. Así podríamos controlar el tráfico turístico”, ha declarado.
El país utiliza un sistema propio de “semáforo ambiental” que mide la presión humana sobre la naturaleza o el malestar social. Lugares emblemáticos como las aguas termales de Geysir ya están en observación. “Si vemos que una zona se daña por el exceso de personas, tomamos medidas”, explican desde el Gobierno. Durante 2023, el anterior ejecutivo ya alertó de que la saturación turística afectaba tanto al clima como al bienestar de la población local.
Las previsiones apuntan a que Islandia alcanzará los 2,5 millones de turistas en 2026, una cifra enorme para un país de apenas 380.000 habitantes. Mientras tanto, algunas zonas turísticas han tenido que ser evacuadas por erupciones volcánicas recientes, como en la ciudad de Grindavik, lo que demuestra la fragilidad del territorio ante un modelo de crecimiento turístico sin control. Con esta reforma fiscal, Islandia busca evitar el colapso que ya sufren otros destinos globales como Venecia o Barcelona.