La presidenta del grupo municipal de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ha denunciado públicamente este lunes el intento por parte del propietario del piso donde vive en el barrio del Poble-sec de convertir su contrato habitual en un alquiler de temporada para esquivar la normativa y poder incrementar el precio del alquiler en un 50%. «El propietario me hizo una oferta de alquiler de temporada para así poder incrementarme el precio un 50%», ha asegurado Sanz, describiendo el proceso como «un diálogo loco con un propietario que no sabía que me estaba ofreciendo una propuesta fraudulenta e ilegal».
Finalmente, Sanz consiguió la renovación de su contrato por cinco años más tras el complicado intercambio con su casero. Ha destacado que su condición de jurista, afiliada al Sindicato de Inquilinas, y ex teniente de alcalde le permitió enfrentarse con más garantías a la situación. Cabe recordar que, desde hace algo más de un mes, utilizar fraudulentamente los contratos de alquiler de temporada para saltarse las limitaciones de precios conlleva multas para los propietarios.
El alquiler de temporada, pensado para períodos breves (de entre uno y once meses), es utilizado por algunos propietarios como mecanismo para eludir las regulaciones que limitan las subidas de precio en contratos ordinarios.
Janet Sanz compartió esta experiencia personal durante la quinta y última sesión de la Comisión No Permanente de Estudio sobre la problemática de la vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona, comisión que preside desde hace unos meses. En estas sesiones, más de 25 expertos han aportado sus visiones sobre la crisis habitacional, ofreciendo propuestas y compartiendo experiencias de otras ciudades europeas.
Precisamente en esta sesión, ha intervenido Ian Brossart, ex concejal del Ayuntamiento de París durante el mandato de la alcaldesa Anne Hidalgo y actual senador, quien defendió la eficacia de la normativa que impone un 30% de vivienda protegida en las nuevas promociones inmobiliarias. Según Brossart, esta medida ha permitido «conservar a las clases populares en el centro de París», pasando del 1% al 8% de vivienda protegida en barrios tradicionalmente acomodados.
Brossart también explicó que París ha ido aún más lejos en algunos distritos, elevando hasta el 50% la reserva de vivienda social, además de aprobar una norma que obliga a las nuevas edificaciones de oficinas a incluir al menos un 10% de vivienda, siendo el 30% de esta protegida. Frente a esto, la teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Laia Bonet, matizó que solo «una quinta parte» de la vivienda pública generada en París proviene del mecanismo del 30%, siendo el resto fruto de adquisiciones directas del Ayuntamiento.
Este debate cobra relevancia especial en Barcelona, donde el actual ejecutivo municipal liderado por Jaume Collboni se plantea flexibilizar la normativa del 30% impulsada precisamente durante el mandato anterior, cuando Janet Sanz era responsable de Urbanismo. Durante su etapa, además, Sanz impulsó medidas como el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) y reforzó la lucha contra los pisos turísticos ilegales.