Un nuevo informe del Departament de Drets Socials de la Generalitat y del Comité de Expertos para la Transformación e Innovación Social (CETIS) alerta de que la crisis de la vivienda está empujando a miles de personas a vivir sin un techo digno en Cataluña. En 2024, más de 4.700 personas utilizaron centros y servicios de atención para personas sin hogar, lo que supone un aumento del 40% respecto a 2022. El estudio atribuye el 62% de los casos a causas directamente relacionadas con la vivienda y constata un cambio profundo de perfil: la proporción de mujeres sin hogar se ha triplicado en una década, pasando del 12% al 42%.
Según los datos presentados, la pérdida de la vivienda es hoy el principal detonante del sinhogarismo en Cataluña. El 32% de las personas encuestadas señala que acabó en la calle después de un desahucio, el 16% tras la no renovación del contrato de alquiler y otro 14% porque el hogar no podía asumir el encarecimiento de la vivienda. En conjunto, más del 60% de las situaciones tienen causas habitacionales, una proporción casi el doble que la registrada en el conjunto del Estado, donde el impacto de la vivienda también se sitúa como factor clave pero con menor peso relativo.
El informe dibuja un fenómeno cada vez más diverso y atravesado por la precariedad. Ocho de cada diez personas sin hogar en Cataluña dispone de algún tipo de ingreso y casi la mitad afirma tener un trabajo regular, aunque con salarios y condiciones que no bastan para sostener un alquiler. La mayoría son de nacionalidad española o europea y se concentra en edades de entre 30 y 54 años. Crece de forma significativa la presencia de mujeres, que además aparecen más expuestas a situaciones de violencia machista y a formas de sinhogarismo menos visibles, como habitaciones realquiladas, infraviviendas o alojamientos inseguros.
Más allá de las cifras de acceso a recursos, el estudio pone el foco en las trayectorias largas y en la soledad extrema que acompaña a muchas de estas personas. Más de la mitad declara no tener a nadie a quien acudir y una parte importante lleva más de un año sin vivienda propia, con itinerarios marcados por la pérdida de empleo, problemas de salud, rupturas familiares o violencias. Ante este escenario, la Generalitat plantea reforzar la prevención y la coordinación institucional, con medidas como asistencia jurídica gratuita frente a desahucios, mediación en conflictos de alquiler y subsidios específicos en municipios en emergencia habitacional, gestionados desde una nueva oficina autonómica de vivienda.