Barcelona vive un momento crítico en su mesa de emergencia habitacional. Según los últimos datos del Consorci de l’Habitatge, 743 familias o personas con resolución favorable esperan un piso protegido por parte de la administración, una cifra récord que no se alcanzaba desde octubre de 2015. El dato corresponde al pasado mes de mayo y refleja el colapso de un sistema que acumula retrasos estructurales y una oferta incapaz de responder al volumen de desahucios en la ciudad.
El bloqueo no es nuevo, pero ha empeorado. Si en 2018 la media mensual de expedientes pendientes era de 360, en 2022 ya ascendía a 641, y en 2023 alcanzó los 697. El promedio se mantuvo en 679 casos durante los primeros meses de 2024, pero desde febrero se superan los 700 casos y la cifra no ha dejado de crecer. Mientras tanto, las adjudicaciones caen: este año se entregan entre 7 y 13 pisos al mes, muy por debajo de los 24 que se concedían mensualmente en 2022.
Las familias afectadas denuncian esperas interminables y precariedad extrema. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca advierte de situaciones que superan los tres y hasta cuatro años para acceder a un piso, incluso con expedientes aprobados. En ese tiempo, muchas personas acaban realojadas en pensiones donde comparten una habitación sin cocina ni servicios básicos. “La situación es insostenible, sobre todo para los menores”, denuncia Juanjo Ramón, portavoz de la PAH.
Desde el Ayuntamiento de Jaume Collboni, se señala a la Generalitat por la falta de pisos y se asegura que hay factores externos que han ralentizado el sistema, como las moratorias de desahucios o las nuevas normas jurídicas. Sin embargo, mientras las familias acumulan años de espera y los niños crecen entre cucarachas y mochilas en pensiones, las soluciones estructurales siguen sin llegar. La PAH reclama medidas inmediatas como la cesión forzosa de pisos vacíos en manos de grandes propietarios. “La emergencia es hoy. No podemos esperar a que se construya lo que no llega”, concluyen.