La Fiscalía acusa a Albiol por desalojar el B9 sin garantizar derechos básicos. Los hechos se remontan al desalojo ejecutado en 2023 en este inmueble, situado en Badalona, donde residían decenas de personas en situación vulnerable.
Según el escrito del ministerio público, el operativo se llevó a cabo sin activar los servicios sociales ni ofrecer alternativas habitacionales, pese a que la normativa obliga a las administraciones a garantizar una mínima atención a las personas afectadas. La Fiscalía considera que esta omisión podría suponer un incumplimiento de las obligaciones legales vinculadas a este tipo de actuaciones.
El caso se enmarca en una investigación judicial que analiza la actuación del consistorio durante el desalojo. Diversas entidades sociales ya habían denunciado en su momento que las personas desalojadas quedaron en situación de desamparo, sin recursos ni acompañamiento institucional tras la intervención policial.
La acusación de la Fiscalía añade presión sobre la gestión municipal en materia de vivienda y exclusión social, en un contexto de aumento de situaciones de vulnerabilidad habitacional en el área metropolitana de Barcelona, donde los desalojos sin alternativa habitacional han generado un creciente debate social y político.
La actuación señalada por la Fiscalía se enmarca en un debate más amplio sobre el cumplimiento de los derechos sociales básicos, ya que la normativa vigente establece la obligación de las administraciones de garantizar atención y alternativas mínimas en situaciones de vulnerabilidad. La ausencia de acompañamiento social en desalojos de este tipo puede suponer una vulneración del derecho a la vivienda y de los principios de protección social recogidos en el ordenamiento jurídico.