La Guardia Urbana de Barcelona desalojó recientemente un asentamiento de barracas situado en el barrio de La Sagrera, donde vivían varias personas en situación de vulnerabilidad. El operativo se llevó a cabo con la participación de servicios municipales y cuerpos policiales, y afectó a un grupo de residentes que ocupaban el espacio de forma informal ante la falta de acceso a vivienda.
Según fuentes municipales, el desalojo se enmarca en actuaciones habituales para recuperar espacios públicos y garantizar condiciones de seguridad. Durante el operativo, los servicios sociales estuvieron presentes para atender a las personas afectadas y ofrecer recursos disponibles, aunque diversas entidades señalan que estas alternativas son limitadas o insuficientes.
Colectivos sociales y vecinales han denunciado que el desalojo se ha producido sin soluciones habitacionales estables para las personas desalojadas, muchas de las cuales se encontraban en situación administrativa irregular o con empleos precarios. Estas organizaciones advierten de que este tipo de actuaciones pueden provocar desplazamientos forzados hacia otros asentamientos o situaciones de mayor vulnerabilidad.
El desalojo se produce en un contexto de incremento del sinhogarismo en Barcelona y de dificultades crecientes para acceder a una vivienda asequible. Según datos recientes de entidades sociales, el número de personas que viven en asentamientos o en situaciones de exclusión residencial ha aumentado en los últimos años, lo que ha intensificado el debate sobre las políticas municipales en materia de vivienda y atención social.
Según datos recientes de entidades sociales, el número de personas que viven en asentamientos o en situaciones de exclusión residencial ha aumentado en los últimos años, en paralelo a la ausencia de nuevas medidas estructurales impulsadas por el gobierno de Jaume Collboni para ampliar los recursos de atención social y garantizar alternativas habitacionales estables.