Barcelona acogió a miles de familias procedentes de Andalucía, Extremadura, Murcia y Galicia después de la Primera Guerra Mundial. La ciudad experimentó un notable crecimiento durante el periodo de entreguerras, impulsado por un «significativo desarrollo industrial, cultural y social». Para 1930, más de la mitad de los habitantes de la capital catalana habían nacido fuera de ella, muchos provenientes de otras regiones de España. Sin embargo, la crisis económica y la inestabilidad social truncaron las expectativas de los trabajadores, provocando un panorama marcado por hambrunas, desahucios y levantamientos sociales.
La falta de vivienda en Barcelona
La falta de vivienda fue el detonante de una situación insostenible, especialmente debido al «desproporcionado» aumento de la demanda. En agosto de 1931, unas 90.000 familias de Barcelona se declararon en huelga y dejaron de pagar sus alquileres. «Las condiciones de los alquileres no eran precisamente favorables. Los gobiernos y ayuntamientos bajo la dictadura de Primo de Rivera no habían hecho mucho para evitar su deterioro ni para detener los desahucios. Tras la proclamación de la Segunda República, los grupos libertarios y vecinales se organizaron para canalizar una serie de demandas», señala Martí Marín, profesor de Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona.
El contexto sociopolítico de la huelga de alquileres
La huelga de alquileres fue un episodio significativo en la historia de Barcelona, aunque sigue siendo «bastante desconocido» para gran parte de la población. Durante los años 30, la ciudad prácticamente duplicó su población, pasando de 600.000 a más de un millón de habitantes. Las familias migrantes que llegaban a la capital catalana se encontraban con la falta de empleo y vivienda. El crac económico de 1929 en Estados Unidos ya comenzaba a afectar a Europa, y los inquilinos se veían en dificultades para pagar sus rentas. La situación era crítica, con los alquileres subiendo por encima de los salarios, una problemática que se repite casi 90 años después.
El impacto de la huelga de alquileres
«Esto sucede en plena ola migratoria y tras un período de fuerte desarrollo económico, marcado por la posguerra y la Exposición Universal. Barcelona prosperó a golpe de acontecimientos. El crecimiento demográfico provocó tensiones en el mercado inmobiliario. Las empresas buscaban trabajadores, pero no preveían servicios para todos», señala Jaume Claret, historiador y profesor en la Universitat Oberta de Catalunya. El docente pone el foco en el contexto sociopolítico de la época y el fin de la dictadura de Primo de Rivera: «La represión sobre los sindicatos era brutal. En 1931 se produce un estallido de la libertad y las tensiones ocultas empiezan a expresarse públicamente».
El éxito de las protestas no fue absoluto, pero dejó entrever que el activismo vecinal tenía garra y podía servir para algo. «La huelga tuvo seguimiento en dos de cada tres viviendas obreras de la ciudad. Los inquilinos no dejaron de percibir ingresos, como en las protestas típicas de las fábricas, así que ahorraron el importe correspondiente al alquiler durante los casi cuatro meses que duró la iniciativa. Es cierto que muchas familias fueron desahuciadas, pero no tardaron en encontrar otra alternativa. Las mudanzas por aquel entonces eran totalmente normales», explica José Luis Oyón, catedrático honorífico de la Universitat Politécnica de Catalunya y autor del libro La quiebra de la ciudad popular: Espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras.
Demandas y respuestas de la administración
Las clases trabajadoras tomaron las calles de Barcelona con tres reivindicaciones básicas: contabilizar el mes de adelanto como una mensualidad, bajar los alquileres un 40% y liberar del pago a las personas en situación de desempleo. La huelga tuvo un gran seguimiento en los barrios pobres y migrantes, amparados bajo el paraguas de la CNT. «Las administraciones eran más sensibles a las demandas de la gente y respetaban los derechos de los trabajadores, sobre todo cuando había un sindicato tan potente implicado. Los inquilinos conocían a sus propietarios, podían negociar. Esto con un gran tenedor o un inversor sería imposible», reflexiona Jaume Claret.
En 1931, un obrero no cualificado destinaba entre el 33% y el 38% de su nómina al pago del alquiler, mientras que un trabajador cualificado empleaba el 20%. El porcentaje actual supera con creces el de hace nueve décadas. «Esto no es lo único que ha cambiado. Los alquileres representaban durante el verano de la huelga el 95% del parque inmobiliario de Barcelona, es decir, había más inquilinos y un sindicato fuerte. La otra gran diferencia es que ahora muchas familias tienen una situación más precaria y les costaría sumarse a una iniciativa del estilo», advierte José Luis Oyón.
La viabilidad de una huelga de alquileres en la actualidad
Las fuentes consultadas por este diario coinciden al definir el problema de la vivienda como «algo cíclico» y derivado de la «falta de planificación» urbanística. La movilización de los inquilinos en la Barcelona de entreguerras no tuvo continuidad, «al menos significativa», pero vuelve a resonar en las asambleas y concentraciones provivienda. «En el tardofranquismo y durante la transición, hubo familias que dejaron de pagar los plazos de sus pisos de promoción pública porque estaban en mal estado. La huelga de alquileres es factible, pero hace falta un núcleo impulsor, una estrategia de desobediencia civil no violenta para llevarla a cabo», sugiere Martí Marín.
España cerró 2023 con 26.659 desahucios y los precios han subido un 5,7% entre abril y junio de este año. Los sindicatos de inquilinas han echado la vista atrás y parecen tenerlo claro: la propuesta de una huelga de alquileres está encima de la mesa. «Estamos totalmente a favor, otra cosa es la viabilidad que pueda tener a la hora de conseguir que los inquilinos se sumen. La clave está en generar fuerza colectiva, conseguir que la gente vulnerable, las familias que dedican una parte desmesurada de sus ingresos al alquiler, apoyen la huelga. Esto tendría que ser algo a gran escala; estamos en ello», reconocen desde el Sindicat de Barri de Carolines en Alacant.
Gema Rosado Iglesias, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid, expone los límites legales de la propuesta. «El derecho de huelga que recoge la Constitución en el artículo 28 se refiere a los trabajadores asalariados, es decir, aquellos que tienen una relación laboral con una empresa o empresario. Es un derecho individual, pero de ejercicio colectivo. Cuando hablamos de huelga de alquileres, utilizamos los términos de manera inapropiada. Esto supone una dejación de funciones en la prestación de una actividad –abonar el alquiler– y no entra en el ámbito constitucional. Otra cosa es que pueda servir como medida de presión a los poderes públicos para intervenir la situación», detalla.
«La huelga no sé hasta qué punto puede tener recorrido. La gente tiene derecho a manifestarse, porque la situación no ha mejorado con la Ley de Vivienda, pero los propietarios pueden acudir a los tribunales si no reciben su dinero», añade Pedro Antonio Munar, catedrático de Derecho Civil en la Universitat de les Illes Balears. Los sindicatos de inquilinas insisten en la necesidad de «convencer a la población» para caminar hacia una huelga de alquileres y «presionar al Gobierno», que «debe sacar adelante medidas urgentes».
Las vecinas y vecinos de Madrid tomarán las calles el próximo 13 de octubre para protestar contra la subida de los precios y la especulación inmobiliaria. Las movilizaciones se extenderán por otras ciudades españolas durante el resto del mes. El Sindicato de Inquilinas de Madrid reflexiona sobre la posibilidad de convocar una huelga de alquileres a gran escala: «El contexto ha cambiado, pero la crisis de la vivienda es igual de aguda que en 1931. Los precios están fuera de control y las condiciones de vida son insostenibles. La huelga puede ser una opción para cambiar las reglas del juego, pero somos conscientes de que hace falta solidarización vecinal y una estrategia clara para enfrentar las represalias del sector inmobiliario. La clave está en la lucha organizada».