Se ha generado una controversia en torno a los recientes nombramientos de altos cargos en el ámbito de la gestión del agua en Catalunya. Dos personas con vínculos previos con la multinacional AGBAR han sido designadas para puestos clave, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés en este sector crucial.
Conflicto de interés en la gestión del agua
La plataforma Aigua és Vida ha alertado que estos nombramientos podrían significar que el regulador público del agua en Catalunya esté influido por intereses privados. La principal preocupación es que AGBAR, una subsidiaria del gigante francés Veolia, podría tener un control significativo sobre las decisiones que afecten al suministro y gestión del agua.
Nombramientos polémicos en la Agencia Catalana del Agua
Josep Lluís Armenter, quien ha sido nombrado director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), tenía previamente el rol de coordinador del Plan de Sequera de Aigües de Barcelona, una empresa del grupo AGBAR. Durante su tiempo en ese cargo, Armenter se enfocó en iniciativas relacionadas con el uso de agua regenerada, las mismas que ahora podría favorecer desde su nueva posición en la ACA.
Nuevas designaciones bajo la lupa
Concha Zorrilla ha sido designada como Directora General de Transición Hídrica. Anteriormente, fue directora comercial de Aigües de Sabadell – CASSA y consultora sénior para Veolia. Estas experiencias, junto con su papel en el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, han suscitado preocupaciones por parte de la comunidad sobre la transparencia y posibles inclinaciones hacia intereses mercantiles.
Impacto de las multinacionales en el agua pública
AGBAR controla alrededor del 79% del mercado privado de abastecimiento de agua en Catalunya, siendo responsable del suministro al 78% de la población. Esta dominancia ha sido criticada por su potencial de priorizar beneficios económicos sobre el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la protección de los ecosistemas fluviales.
La cuestión ahora recae en las decisiones del president Salvador Illa y la consellera Sílvia Paneque, de quienes se exige una revisión de estos nombramientos para asegurar que los intereses públicos prevalezcan en la gestión del agua en Catalunya.