La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas ha divulgado un informe (72 páginas) según el cual Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Un hecho que entidades y movimiento sociales han estado denunciando, no solo desde entonces, sino en numerosas ocasiones durante la ocupación en Palestina en la última década.
El análisis se basa en múltiples criterios legales del genocidio —como asesinatos, daño corporal y mental grave, imposición de condiciones de vida que producen destrucción, y medidas para impedir nacimientos— que la Comisión considera cumplidos. El informe enumera como pruebas los ataques directos a civiles y bienes protegidos, destrucción de infraestructuras esenciales (escuelas, hospitales, lugares de culto), violencia sexual sistemática, desplazamientos forzados, obstrucción de ayuda humanitaria, destrucción de embrión y muestras reproductivas en una clínica de fertilidad, y casos de hambruna utilizada como arma.
Uno de los patrones destacados es que en julio de 2025 el 46 % de las víctimas mortales palestinas eran mujeres y niños, mientras que el 83 % eran civiles, lo que subraya la magnitud del impacto sobre la población no combatiente.
El informe atribuye la responsabilidad directamente al Estado de Israel, afirmando que sus autoridades militares y políticas han actuado con intención de destruir total o parcialmente al grupo palestino en Gaza. Además, reprocha que el Estado no ha prevenido ni sancionado esos actos. Se recuerda que en virtud de la Convención sobre el Genocidio, todos los Estados tienen la obligación de prevenir y castigar el genocidio, detener el armamento y materiales que puedan facilitarlo, y asegurar que personas o empresas bajo sus jurisdicciones no colaboren ni inciten ese crimen. El informe advierte que el incumplimiento conlleva consecuencias legales y morales.
Israel
El gobierno israelí ha rechazado las conclusiones, calificando el informe como “distorsionado y falso” y acusando a los expertos de ser representantes de Hamás o de mantener declaraciones antisemitas. También ha demandado la disolución de la Comisión de Investigación.
La derecha española
Líderes del Partido Popular han rechazado el uso del término “genocidio” para describir la situación en Gaza. José Luis Martínez‐Almeida, alcalde de Madrid, declaró explícitamente: “Para mí no hay un genocidio en Gaza”, añadiendo que esa palabra debe reservarse, en su opinión, para casos como el Holocausto. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, también ha dicho que el conflicto no se ajusta a la definición de genocidio, y ha criticado al gobierno por “politizar” los términos. Además, tras la cancelación de la Vuelta ciclista en Madrid por las protestas contra la participación de Israel, la presidenta de la comunidad reiteró su apoyo a los corredores y relativizó el apoyo el gobierno genocida de Netanyahu.
Opinión pública
Según el Barómetro del Real Instituto Elcano, un 82 % de la población española considera que lo que ocurre en Gaza equivale a genocidio. En particular, aunque el PP como partido no haya apoyado explícitamente esa etiqueta, un 62 % de los votantes conservadores sí la comparten. Esta divergencia crea tensión entre los dirigentes del PP, que evitan el término, y parte de la sociedad que lo exige. Esa presión ciudadana se ha traducido en protestas masivas, cancelaciones de etapas deportivas y debates en medios de comunicación.