El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha anunciado este viernes que la patronal empresarial ha iniciado negociaciones con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y con los grupos municipales para modificar —o directamente eliminar— la obligación de reservar el 30% de vivienda protegida en nuevas promociones. La norma, vigente desde 2018, fue una de las medidas estructurales impulsadas por el gobierno de Ada Colau para aumentar el parque público y frenar la expulsión de vecinos en zonas tensionadas.
Durante su intervención en la asamblea anual de la patronal, Sánchez Llibre ha calificado la norma de “auténtico fracaso” y ha defendido su retirada en favor de “soluciones compensatorias” que aumenten la oferta de vivienda asequible. A su juicio, el problema no es el mercado inmobiliario, sino “los impuestos y la inseguridad jurídica”. También ha criticado que siempre se responsabilice a los promotores y ha pedido “respeto” para la figura del empresario.
El actual gobierno municipal ya había abierto la puerta a revisar la norma. En las recientes jornadas del Cercle d’Economia, Collboni defendió su flexibilización para “desencallar” proyectos privados. La propuesta del Ejecutivo socialista ya ha sido trasladada a grupos como Esquerra Republicana y Junts. Según fuentes municipales, el objetivo sería reformular la medida antes de verano.
La reserva obligatoria del 30% de vivienda protegida ha sido replicada en otras ciudades europeas con resultados positivos. París, por ejemplo, exige desde hace años a los promotores destinar un porcentaje de los nuevos edificios a vivienda social, y ha conseguido contener la subida de precios en algunos distritos. En Viena, el 60% del parque de vivienda es público o cooperativo, fruto de décadas de planificación. Pese a ello, en Barcelona se opta ahora por diluir una herramienta que había logrado, al menos, abrir un debate de fondo sobre el papel del mercado en el derecho a la vivienda.