La reserva del 30% para vivienda social, aprobada en 2018 durante el gobierno de Barcelona en Comú, enfrenta un grave retroceso. Un informe del Institut de Recerca Urbana (IDRA) denuncia que la medida, que obliga a destinar un 30% de las promociones de nueva construcción y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida, está siendo atacada tanto por grandes promotores como por el actual gobierno socialista de Jaume Collboni.
Según el IDRA, la falta de inspección ha permitido fraudes masivos mediante licencias de obra menor para evitar la obligación del 30%. En al menos 17 edificios inspeccionados se detectaron irregularidades que impidieron la entrega de 66 viviendas protegidas. Además, la moratoria inicial anuló los efectos de la norma durante sus primeros años, al concederse 7.509 licencias sin esta reserva.
El gobierno de Collboni ha propuesto una reforma que, según el informe, busca limitar el alcance de la norma, reduciendo los edificios afectados de 3.909 a solo 95. Este cambio supondría una “periferización” de la vivienda social y un golpe al potencial de generación de decenas de miles de pisos protegidos en zonas tensionadas como el Eixample o Gracia.
Pese a los obstáculos, IDRA considera que la medida sigue siendo positiva y necesaria. Piden no solo mantener la reserva del 30%, sino ampliarla al 50%, como en París, y aplicar sanciones contundentes para frenar los fraudes. “Es un dique de contención frente a la especulación y el desplazamiento de miles de vecinos”, concluye el informe.