La Sagrada Família instala vallas y guardias de seguridad en el espacio público para vetar el acceso a los vecinos sin entrada

Residentes del carrer Marina han denunciado este miércoles el control de acceso que la Sagrada Família ejerce sobre el espacio público frente al templo. Según testimonios recogidos en redes sociales, los vecinos no pueden acceder libremente a la zona, pese a que la gestión de la basílica aseguró que pasarían sin problema.

La Sagrada Família instala vallas y guardias de seguridad en el espacio público para vetar el acceso a los vecinos sin entrada

La Sagrada Família ha instalado un sistema de control de acceso en el espacio público que rodea el templo que discrimina a los vecinos del carrer Marina. Según ha denunciado Jordi Galli en redes sociales, residentes que intentaron acceder al entorno del monumento este miércoles se encontraron con carteles, vallas metálicas y guardias de seguridad privada de Prosegur que les impidieron el paso pese a que, según les habían asegurado desde la gestión de la basílica, podrían transitar libremente sin necesidad de entrada. La medida contrasta con el acceso libre que disfrutan los turistas que han comprado tickets por internet.

La situación refleja el conflicto entre la gestión turística del monumento y el derecho de los vecinos a moverse por su propio barrio. El espacio frente a la Sagrada Família, aunque privatizado de facto mediante dispositivos de control, forma parte del entorno urbano de la ciudad. Los carteles instalados advierten que solo se permite el acceso con entrada, una restricción que se aplica selectivamente sobre los residentes mientras el flujo turístico permanece inalterado. La presencia de personal de seguridad privada en el espacio público añade otra capa de conflicto sobre quién tiene autoridad para decidir quién puede o no estar allí.

El carrer Marina lleva años denunciando el impacto del turismo masivo vinculado a la Sagrada Família. La concentración diaria de miles de visitantes ha transformado el entorno en una zona orientada exclusivamente al consumo turístico, con comercios, terrazas y servicios pensados para visitantes y no para residentes. Las quejas vecinales han incluido problemas de movilidad, saturación del espacio público, encarecimiento del alquiler y pérdida de comercio de proximidad.

La falta de respuesta institucional ante estas denuncias refuerza la percepción de que la gestión municipal prioriza los intereses económicos del turismo por encima del bienestar de los vecinos. Ni el Ajuntament de Barcelona ni la propia Sagrada Família han ofrecido explicaciones públicas sobre el operativo de control instalado ni sobre las garantías de acceso para los residentes del barrio. La imagen de vallas, carteles y guardias privados bloqueando el paso a vecinos se suma a la lista de conflictos derivados de la turistificación de la ciudad.

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