La PAH ha alertado hoy en un comunicado que Barcelona se consolida como la segunda ciudad con más desahucios del Estado, solo por detrás de Madrid. En 2024, el 82,8% de los desalojos fueron por impago del alquiler, un problema directamente relacionado con el incremento descontrolado de los precios de arrendamiento. A esto se suma un aumento del 20% en los desahucios por ejecuciones hipotecarias, que afecta tanto a familias que arrastran las consecuencias de la crisis de 2008 como a aquellas golpeadas por la subida del euríbor. Además, los desalojos por finalización de contratos sin renovación y ocupaciones han pasado de 109 en 2023 a 145 en 2024, evidenciando la creciente presión sobre quienes no pueden acceder a una vivienda estable.
La especulación inmobiliaria sigue siendo el principal motor de esta crisis. En los últimos años, los fondos de inversión han acaparado propiedades en la ciudad, imponiendo subidas abusivas del alquiler, expulsando a inquilinos vulnerables y convirtiendo viviendas en alojamientos turísticos para evitar la regulación de precios. Esta dinámica ha reducido drásticamente la oferta de alquiler residencial, elevando aún más los precios y dificultando el acceso a una vivienda digna.
A pesar del aumento de los desahucios, la prioridad del Ayuntamiento de Barcelona dirigido por Jaume Collboni no ha sido la vivienda, sino atraer eventos de alto nivel como la Fórmula 1, Louis Vuitton o The District, que fomentan la inversión extranjera y la especulación inmobiliaria. Mientras el consistorio insiste en que busca frenar la especulación, sus políticas favorecen el encarecimiento de los barrios y la expulsión de las vecinas con menos recursos. A ello se suma la falta de inversión en vivienda pública y la posible modificación de la norma del 30% de vivienda protegida, presionada por el lobby inmobiliario.
Frente a la inacción institucional, colectivos como la PAH y el movimiento por la vivienda siguen siendo el principal refugio de quienes enfrentan un desahucio. La pérdida de la vivienda conlleva consecuencias devastadoras, desde la exclusión social hasta graves impactos en la salud mental. Sin una respuesta contundente, Barcelona continuará siendo un paraíso para los especuladores y un infierno para quienes buscan un hogar.
