El movimiento de inquilinas ha alcanzado un momento de consolidación. Entre el 10 y el 12 de octubre, en Málaga, se celebró el I Congreso estatal de Sindicatos de Inquilinas, donde se oficializó la creación de una confederación que agrupará fuerzas territoriales en todo el país. La cita llega en un contexto de profundización de la crisis de la vivienda, con alquileres que en la última década se han duplicado, según los colectivos movilizados.
La organización denuncia que los grandes tenedores —como bancos, fondos de inversión y socimis— concentran un volumen creciente de viviendas en alquiler. En Madrid, el 43 % de los contratos recae en fondos privados; CaixaBank figura con más de 25.000 pisos bajo su gestión. Además, los colectivos señalan la “privatización camuflada” de vivienda pública —como la Sareb— que ejerce presión para desahuciar o renegociar contratos sociales.
La confederación ha puesto sobre la mesa medidas ambiciosas: proponen una bajada inmediata de al menos el 50 % en los alquileres abusivos, la recuperación del parque habitacional vacante, expropiaciones para uso social, y la desarticulación de los denominados “grupos de desocupación” que mantienen viviendas vacías para elevar precios. También se incluye en su agenda combatir el racismo inmobiliario: denuncian que el 99 % de inmobiliarias aplican discriminación por origen, pese a la Ley de Igualdad de Trato, y subrayan las contradicciones con la normativa de extranjería vigente.
La nueva estructura prevé ejercer presión en todos los niveles de gobernanza: leyes estatales, autonómicas y planes locales. Algunas comunidades ya han mostrado resistencia: por ejemplo, Andalucía plantea su propia ley de vivienda, mientras que Madrid se ha opuesto a medidas que limiten los precios del alquiler. Las acciones concretas propuestas incluyen campañas bajo el lema “Nos quedamos”, huelgas de alquiler y bloques de lucha en barrios donde los cambios de propiedad han abierto la vía a desahucios masivos.