Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada la pasada semana de la vivienda en la que residía desde 1956 en el barrio madrileño de Retiro, podrá regresar a su casa. Sus representantes legales y la empresa propietaria, Urbagestión, han alcanzado un acuerdo tras una negociación en la que también ha participado la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. El pacto establece un nuevo contrato de alquiler de ocho años cuya renta no podrá superar el 30% de los ingresos netos de Maricarmen.
La cantidad definitiva dependerá de la documentación económica que presente la inquilina, aunque su abogada ha explicado que estará aproximadamente en los niveles que abonaba antes del desahucio, alrededor de los 500 euros mensuales. Según el Sindicato de Inquilinas, la propiedad llegó a plantear inicialmente un alquiler de 2.650 euros.
El desahucio provocó una amplia movilización social y terminó desembocando en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Los colectivos que participan en las protestas han advertido de que la movilización continuará pese al acuerdo, al considerar que el caso de Maricarmen refleja un problema mucho más amplio de acceso y permanencia en la vivienda.
El caso de Maricarmen muestra hasta qué punto la vivienda puede dejar de funcionar como un espacio de estabilidad cuando las condiciones económicas del mercado chocan con la capacidad real de pago de quienes llevan décadas viviendo en un mismo hogar. Que una mujer de 87 años haya tenido que ser desahuciada, hospitalizada y respaldada por una movilización social antes de poder regresar a su casa evidencia la vulnerabilidad que afrontan muchas personas ante subidas de alquiler que superan ampliamente sus ingresos.