Cada vez más centros escolares de Barcelona alzan la voz para denunciar el impacto directo que los desahucios están teniendo sobre sus alumnos. Desde septiembre, el colectivo Docents 080 ha identificado más de 215 menores en proceso de desalojo forzoso en la ciudad. Son niños y niñas que llegan a clase después de haber perdido su casa, su espacio seguro. Y sus docentes no saben cómo actuar. “Ese día, las niñas llegaron en estado de shock. A la tarde ya no tenían dónde volver”, relata Anna Pérez, directora del CEIP Jacint Verdaguer en el Poble-sec, con la voz todavía quebrada.
Los efectos emocionales son profundos y visibles. “Primero viene la rabia. Luego, la tristeza”, explica Marta Ortiz, directora del CEIP Diputació, en el Eixample, que este año cuenta con siete alumnos en situación de desahucio. En Vallcarca, al menos 13 menores de cuatro escuelas diferentes están amenazados por el urbanismo que expulsa. Y mientras el Ayuntamiento asegura que hay mecanismos para garantizar la escolarización de proximidad, las familias afectadas siguen siendo enviadas a pensiones lejos de sus barrios, de sus escuelas, de sus redes.
Según datos del propio consistorio, unas 3.000 personas viven actualmente en alojamientos temporales de urgencia, de las cuales 1.300 son menores. El 60% de estas plazas están ocupadas por familias con hijos. Y los ejemplos se acumulan: niños que hacen los deberes en salas de lavadoras, que pierden todas sus pertenencias, que no quieren ducharse en lavabos compartidos. “Están aprendiendo a leer y escribir, y mientras tanto pierden su historia. Eso deja secuelas profundas”, afirma Pérez.
Ante esta realidad, los centros se están organizando junto a las AFA para detectar los casos a tiempo, apoyar a las familias y presionar a las instituciones. Algunas escuelas ya han creado protocolos propios, otras acompañan a las familias en las protestas. “No es fácil, pero es necesario”, dice Albert Torrent, de la coordinadora d’AFA de Vallcarca. Y todas coinciden en lo mismo: cuando el maltrato es estructural, no hay protocolo que lo frene. Por eso exigen respuestas claras. Porque ninguna criatura debería quedarse sin techo. Y mucho menos, sin escuela.