Los grupos parlamentarios de PSC, ERC y Comuns han llegado a un acuerdo para impulsar la nueva tasa turística en Cataluña, con el objetivo de que la medida se ponga en marcha a partir de abril de 2026. La iniciativa, que llevaba meses encallada en el Parlamento por discrepancias sobre su diseño y aplicación, prevé duplicar la recaudación del impuesto en un plazo de dos años, pasando de los aproximadamente 100 millones actuales a 150 millones el próximo año y 200 millones en el siguiente.
Según el pacto, la recaudación se repartirá a partes iguales entre la Generalitat y los ayuntamientos, y el 25 % de lo que perciba la Generalitat se destinará específicamente a políticas de acceso a la vivienda, una de las principales demandas sociales ante la crisis habitacional. El 75 % restante se aportará al Fondo de Fomento del Turismo, con reparto entre municipios y la Generalitat.
El acuerdo también incluye la posibilidad de que todos los ayuntamientos de la comunidad puedan aplicar un recargo municipal similar al que hasta ahora solo estaba autorizado en Barcelona, con un límite máximo de cuatro euros que no superará la tasa impuesta por la Generalitat. Además, se ajustan las tarifas por tipo de alojamiento: los apartamentos de uso turístico y otros establecimientos tendrán importes específicos para equilibrar cargas fiscales.
La tramitación de la nueva tasa ha sido compleja y ha sufrido varios retrasos y ajustes en los últimos meses, con debates en el Parlamento y decisiones ejecutivas para garantizar seguridad jurídica al sector turístico. El reciente acuerdo busca desbloquear la aprobación definitiva de la ley y establecer un marco estable para su aplicación, incorporando modificaciones acordadas por los tres grupos con representación en la cámara.