El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes un plan que eleva el gasto militar hasta el 2% del PIB, cumpliendo con el compromiso marcado por la OTAN. El presidente ha anunciado una inversión extraordinaria de 10.471 millones de euros en Seguridad y Defensa, procedente —según ha detallado— de la reorientación de fondos europeos, ahorros generados en 2024 y partidas ya contempladas en los Presupuestos de 2023. La medida no pasará por las Cortes, al no requerir, según el Ejecutivo, ningún cambio presupuestario formal.
“Será este Gobierno quien cumpla con lo que otros incumplieron”, ha afirmado Sánchez, que ha justificado el incremento asegurando que responde a un “cambio en el mundo” y que no afectará al estado del bienestar. Ha defendido que no se subirán impuestos ni se incrementará el déficit público. El plan ha sido bautizado como Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, y destina parte de los fondos a ciberseguridad, mejoras salariales en las Fuerzas Armadas y gestión de emergencias.
Pero el anuncio ha provocado un choque frontal dentro del propio Ejecutivo. Sumar ha presentado un documento de rechazo en el Consejo de Ministros, pidiendo que el plan se retire del orden del día y calificando la medida de “desproporcionada y carente de análisis previo”. En sus observaciones, critican que el plan no se haya debatido internamente y que parte del gasto —casi un 19%— se destine a “instrumentos de defensa y disuasión”, sin detallar qué tipo de armamento se comprará ni a qué empresas.
En su escrito, Sumar alerta también de los riesgos de incoherencia con la política exterior española, recordando que sería “inadmisible” adquirir material bélico a Israel en el actual contexto de genocidio contra el pueblo palestino. Aseguran que el plan no responde a los principios de autonomía estratégica europea ni a los objetivos recogidos en la Estrategia de Acción Exterior 2025-2030. Aunque reconocen que una parte de los fondos irá a mejoras laborales y a la modernización tecnológica, consideran que el aumento del gasto militar no debería imponerse sin debate ni consenso dentro del Gobierno de coalición.