Se bloquea la reurbanización del centro de Barcelona de Collboni por acusaciones de “pelotazo” inmobiliario

La oposición municipal frena en el Ayuntamiento de Barcelona una operación urbanística que vinculaba la requalificación de un edificio céntrico con la cesión del Club Capitol, por sospechas de beneficios desproporcionados a una inmobiliaria privada.

edificio telefonica barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha visto frenado un proyecto de reurbanización del centro de la ciudad tras un intenso debate sobre su idoneidad y las posibles ventajas económicas que podría generar para una sociedad inmobiliaria. La iniciativa, liderada por el gobierno municipal, proponía cambiar la clasificación urbanística del conocido edificio de la Telefónica entre el Passeig de Gràcia y la Plaça de Catalunya para permitir usos terciarios, vinculándolo con la cesión a la ciudad del histórico Club Capitol.

La controversia estalló cuando varios grupos municipales, entre los que se encuentran fuerzas de izquierdas que habitualmente negocian con el gobierno, expresaron sus reservas ante los cálculos económicos presentados. Según estos partidos, las cifras facilitarían una plusvalía significativa para la inmobiliaria implicada, sin garantizar un retorno proporcional para la ciudadanía en un punto neurálgico con necesidades sociales y urbanísticas evidentes.

Representantes de los grupos críticos han señalado que la operación podría traducirse en un “pelotazo urbanístico”, al estimar que la valoración del inmueble a requalificar estaba por debajo de otros parámetros del mercado en la ciudad, lo que favorecería desproporcionadamente a la parte privada involucrada en la operación. Estas discrepancias sobre la valoración y el reparto de beneficios llevaron a la suspensión del trámite en la comisión municipal correspondiente.

Desde el gobierno municipal, se ha defendido que una parte mayoritaria de las ganancias derivadas de la requalificación iba a revertir en la ciudad, incluyendo la rehabilitación de infraestructura cultural y la reubicación de servicios públicos. Pese a estas explicaciones, las críticas sobre la falta de transparencia y el potencial impacto de favorecer intereses económicos sobre el interés general han impuesto un alto a la propuesta, que ahora deberá ser revisada o replanteada antes de una nueva votación.

Scroll al inicio