El Parlament de Catalunya ha alcanzado un amplio acuerdo político que transformará el mercado del alquiler de temporada. La propuesta, impulsada por PSC, ERC, Comuns y CUP, plantea que los contratos por meses –hasta ahora una vía habitual para esquivar el control de precios en zonas tensionadas– queden regulados con topes de precio similares a los de los contratos de larga duración. El objetivo es claro: frenar la especulación y proteger el derecho a la vivienda.
A partir de la entrada en vigor de la ley, todos los alquileres por menos de un año tendrán que justificar su uso con documentación específica (por motivos laborales, de estudios, sanitarios o situaciones excepcionales) en el momento de entregar la fianza al Incasòl. Si no se justifica adecuadamente, el contrato será considerado como permanente y, por tanto, se regirá por los límites legales de precio. Además, cada prórroga deberá estar igualmente justificada.
La medida también fija límites concretos según el tipo de propietario. En zonas tensionadas, los grandes tenedores no podrán cobrar más que el contrato anterior o el índice de referencia, mientras que los pequeños deberán respetar el precio previo del alquiler. Las autoridades reforzarán la vigilancia mediante un nuevo cuerpo de inspección, que podrá actuar de oficio y multar con entre 9.000 y 90.000 euros a quienes incumplan la norma.
Además del alquiler por meses, la norma también afectará al alquiler turístico y al coliving. Para que un alquiler vacacional quede exento del tope, será obligatorio acreditar que su uso es recreativo o turístico. En el caso del coliving, el precio total de las habitaciones no podrá superar el límite fijado para la vivienda. Mientras los colectivos de inquilinos celebran este avance, el sector inmobiliario alerta de “inseguridad jurídica” y rechaza equiparar estos contratos con los de larga duración.