La administración de Donald Trump ha retirado la financiación de Estados Unidos al programa ONUSIDA, afectando gravemente la lucha contra el VIH en 70 países. La decisión, comunicada a través de una carta oficial, se justifica en un supuesto alineamiento con los intereses del gobierno estadounidense, pero supone un revés crítico para la prevención y el tratamiento del virus en comunidades vulnerables.
Estados Unidos era responsable de aproximadamente dos tercios de la financiación internacional para la prevención del VIH en países de ingresos bajos y medios. El Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (Pepfar), creado en 2003, ha sido una pieza clave en la respuesta global a la enfermedad, pero los recientes recortes están desmantelando los avances logrados en las últimas dos décadas.
Las consecuencias del recorte ya se están sintiendo en países como Sudáfrica y Costa de Marfil. Un informe de la Fundación Desmond Tutu estima que hasta 500.000 personas podrían morir en Sudáfrica en la próxima década debido a la interrupción de la ayuda estadounidense, mientras que la ONU advierte del colapso total de servicios en Costa de Marfil, donde los programas financiados por EE.UU. proporcionaban apoyo al 85% de las 265.000 personas que viven con VIH.
A pesar de una exención parcial que permitió la reanudación de algunos servicios en febrero, la inestabilidad en la financiación y la falta de claridad sobre futuros fondos han causado un grave impacto en la respuesta al VIH. La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, ha advertido que la falta de apoyo podría revertir los avances logrados en la erradicación del sida, con un aumento de nuevas infecciones y una crisis sanitaria global que pone en peligro millones de vidas.