El 20 de marzo de 2025, durante una sesión plenaria del distrito de Sant Martí, el conseller Alejandro Guerrero abandonó la sala como protesta contra un discurso xenófobo y LGTBIfóbico pronunciado por un miembro de Vox. El incidente tuvo lugar durante un turno en el que el partido ultra arremetió contra el colectivo LGTBI, acusando falsamente a una entidad LGTBI de atacar al sector turístico. En respuesta a estas afirmaciones, Guerrero decidió no seguir participando en el debate, denunciando la falta de intervención por parte de la presidencia del distrito.
El discurso de Vox no solo se centró en el colectivo LGTBI, sino que también planteó propuestas como fomentar la natalidad, además de distorsionar la realidad con datos falsos y tergiversados. La actitud de Vox generó la reacción de algunos asistentes que, indignados, abandonaron la sala. El conseller Alejandro Guerrero, al retomar su postura, condenó la falta de respuesta por parte de la presidencia y advirtió sobre la normalización de este tipo de discursos de odio en los plenos.
“Creo que lo peor es ver cómo el regidor y el gobierno en Sant Martí normnalizan a Vox como un partido más. Son un partido que se ampara en un presunto sentimiento de libertad para dar datos falsos o atacar frontalmente al colectivo migrante y al LGTBI. Hace falta un cinturón democrático firme que funcione y defienda la democracia y los derechos humanos como prioridad absoluta», declaró Guerrero en una reciente entrevista en TotBarcelona.
A pesar de las denuncias, el presidente del distrito, el regidor popular Víctor Martí, no retiró la palabra a Vox, defendiendo la postura de no censurar los discursos, por más que estos pudieran considerarse ofensivos. La actitud del presidente generó un debate adicional sobre la libertad de expresión y la responsabilidad política en la lucha contra los discursos de odio.
Finalmente, la reacción del gobierno local ante los comentarios de Vox fue rebatir sus afirmaciones sin recurrir a medidas drásticas, un enfoque que deja en evidencia las tensiones internas dentro del consistorio de Sant Martí. La situación también refleja un creciente desafío sobre cómo las instituciones locales gestionan los ataques a colectivos vulnerables, como el LGTBI, sin medidas claras para frenar este tipo de intervenciones.