Una familia con dos menores gravemente enfermos se enfrenta a un nuevo riesgo de quedarse sin hogar
Omar Ayaou Ouahdane tiene 17 años y lleva casi un año luchando por algo tan básico como tener una casa donde poder seguir sus tratamientos médicos. El 5 de noviembre de 2025, su familia, formada por cinco personas, fue desahuciada de su vivienda en Badalona. Desde entonces, ha pasado por distintos alojamientos temporales sin conseguir una solución residencial estable. Ahora, cuando se aproxima el primer aniversario del desahucio, la familia afronta una nueva amenaza: el próximo 30 de octubre finaliza la cobertura del hostal donde se encuentra alojada, sin que ninguna administración haya garantizado una alternativa. Ante esta situación, Barcelona en Comú presentará una iniciativa en el pleno del distrito de Sants-Montjuïc del 27 de octubre para reclamar una intervención urgente de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.
El caso presenta una situación de especial vulnerabilidad. Omar padece atrofia muscular espinal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente a su movilidad, y esclerosis múltiple. Su hermano pequeño, de nueve años, también sufre una enfermedad neurodegenerativa, mientras que su madre tiene reconocido un elevado grado de discapacidad. Tres de los cinco integrantes de la familia presentan problemas importantes de salud y necesitan unas condiciones de vida que permitan garantizar sus cuidados diarios.
Los médicos advierten de un deterioro irreversible de su salud
El equipo médico del Hospital Universitario Vall d’Hebron, que atiende a Omar desde que tenía tres años, ha alertado reiteradamente de las consecuencias que está teniendo la falta de vivienda sobre su salud. El joven necesita conservar su medicación refrigerada, utilizar una máquina de ventilación respiratoria durante la noche y realizar ejercicios diarios de fisioterapia. Unas necesidades difíciles de cubrir cuando cada pocos días hay que buscar un lugar distinto donde dormir.
«Los estándares de cuidados para esta enfermedad no los podemos cumplir sin un domicilio estable», explicó la neuropediatra Francina Munell en una investigación publicada por La Directa en abril de 2026. La especialista advirtió de que la progresión de la enfermedad provoca la muerte irreversible de neuronas de la médula espinal. Según su testimonio, Omar había conseguido mantener su enfermedad estabilizada durante años, pero la situación cambió tras el desahucio. El joven también reconoció que en aquellos meses había empeorado más que durante los años anteriores.
Foto: La Directa
De un desahucio en Badalona a meses de obstáculos administrativos
La familia llevaba años vinculada a los servicios sociales de Badalona cuando perdió su vivienda. El desahucio se produjo después de sucesivas subidas del alquiler, coincidiendo con una reducción de los ingresos familiares. Pese a que la administración conocía su situación, la familia denuncia que no recibió el asesoramiento necesario para intentar detener el procedimiento judicial ni información adecuada sobre la posibilidad de presentar un informe de vulnerabilidad.
Tras el desahucio, la única alternativa de emergencia facilitada inicialmente fue pasar una noche en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB). Después llegaron las noches en albergues, pensiones, domicilios de conocidos e incluso vehículos, todo por cuenta propia y con la desatención total por parte de los Servicios Sociales de Badalona. En abril de 2026, la familia consiguió empadronarse en Barcelona, pero se encontró con nuevas dificultades: los servicios sociales de la capital catalana y los de Badalona se remitían mutuamente la responsabilidad del expediente. Según el informe, la familia también fue derivada entre distintos servicios municipales sin obtener una respuesta residencial estable.
El 30 de octubre termina la cobertura del alojamiento actual
La situación ha cambiado parcialmente desde entonces, aunque la estabilidad continúa sin estar garantizada. Actualmente, Omar y su familia están alojados en un hostal de la calle Numància, en el barrio de Sants, cuyos gastos asumen los servicios sociales de Badalona. Sin embargo, el pasado 2 de octubre recibieron la comunicación de que la cobertura del alojamiento finalizaría el día 30 del mismo mes. A fecha de la iniciativa presentada por Barcelona en Comú, no consta ninguna alternativa residencial garantizada para después de ese día.
La incertidumbre llega después de meses de advertencias médicas y reclamaciones de ayuda. El Grup d’Habitatge de Sants ha acompañado a la familia durante buena parte del proceso y ha denunciado las dificultades para acceder a los recursos sociales. En declaraciones a La Directa, el trabajador social de la unidad de cuidados paliativos pediátricos de Vall d’Hebron, Magí Baños, ya había advertido de que una noche en un albergue no constituía una solución adecuada para dos menores que necesitan tratamientos continuados y condiciones específicas de atención.
Barcelona en Comú exige una intervención urgente de la Generalitat y el Ayuntamiento
Ante la proximidad de la fecha límite, Barcelona en Comú llevará el caso al Consejo Plenario de Sants-Montjuïc del próximo 27 de octubre. La iniciativa, presentada por su consejero portavoz en el distrito, Ancor Mesa Méndez, solicita que el Gobierno municipal inste al Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat a asumir urgentemente la coordinación del caso y movilizar los recursos necesarios para proporcionar a la familia una vivienda estable, digna y adaptada a sus necesidades médicas. La petición incluye garantizar la continuidad del alojamiento a partir del 30 de octubre.
La propuesta también reclama al Ayuntamiento de Barcelona, especialmente al Instituto Municipal de Servicios Sociales, que active de inmediato los recursos sociales, asistenciales y de emergencia habitacional disponibles. Además, pide facilitar la vinculación efectiva de la familia a los servicios sociales de la ciudad y establecer una coordinación con la Generalitat y el Ayuntamiento de Badalona. El objetivo inmediato de la iniciativa es evitar que los obstáculos administrativos vuelvan a dejar sin alojamiento a una familia con dos menores que necesitan atención médica continuada.