Barcelona se prepara para aprobar en junio la normativa que permitirá a la Guardia Urbana utilizar pistolas eléctricas Taser, en una decisión cargada de polémica. Aunque el Ayuntamiento asegura que se trata de una herramienta “intermedia” entre la defensa extensible y el arma de fuego, una veintena de entidades han presentado alegaciones alertando de sus riesgos. El gobierno municipal ya dispone de los votos necesarios para sacar adelante la propuesta en el próximo pleno.
La normativa ha generado críticas por parte de organizaciones como Irídia y Amnistía Internacional, que denuncian que el reglamento actual permite el uso de las Taser sobre menores si los agentes no pueden identificar claramente su edad, y no establece prohibiciones claras en casos de crisis de salud mental o discapacidad. “Con el redactado actual, la duda juega en contra del menor o de la persona vulnerable”, advierte Irene Urango, portavoz de Irídia. Recuerdan también el caso de Antonio, un joven con brote psicótico que murió en 2021 tras recibir seis disparos de Taser en Santa Coloma de Gramenet.
Estas entidades reclaman que el uso de estas armas se limite exclusivamente a situaciones de peligro real e inminente para la vida, tal como recomiendan Naciones Unidas y el Consejo de Europa. Critican especialmente el artículo cuarto del reglamento, que permite emplear la Taser en casos de “riesgo grave a bienes jurídicos protegidos”, un concepto excesivamente amplio. “¿Proteger mobiliario urbano es seguridad ciudadana?”, se preguntan desde Amnistía, que insiste en que este tipo de armas no deben usarse para imponer obediencia.