La ciudad de Viena ha puesto en marcha una unidad municipal singular: la «policía de edificios», un cuerpo destinado a combatir el alquiler turístico ilegal y contener la escalada de precios de la vivienda. Cada día, este equipo rastrea plataformas como Airbnb o Booking en busca de pisos que operan sin licencia, muchos de ellos camuflados como viviendas de larga estancia. La medida responde al fuerte aumento de los precios del alquiler que empieza a hacer inviable el acceso a la vivienda para la población trabajadora.
Los agentes cuentan con la colaboración activa del vecindario, que denuncia los casos más flagrantes. Ruidos, fiestas, maletas entrando y saliendo a deshoras… Las pistas se acumulan. “Los propietarios temen que vengamos y mandan a los turistas a otro piso”, explican desde la unidad, que también rastrea las reseñas online para detectar cambios sospechosos. Algunos propietarios incluso cambian la decoración para despistar, pero los agentes tienen claro por dónde mirar: “Nos fijamos en cocinas y baños, eso no lo pueden cambiar”, señalan.
La vigilancia se extiende también a las viviendas sociales. En el último año, las autoridades han detectado más de un centenar de inquilinos que subarrendaban ilegalmente sus pisos protegidos, una práctica prohibida por la normativa. Todos ellos serán expulsados de manera permanente del parque público, en una decisión contundente que busca preservar el acceso justo a este recurso limitado.
Viena lleva más de un siglo apostando por la vivienda pública y por un modelo de ciudad donde vivir no sea un privilegio. Esa tradición ha permitido mantener los precios de los alquileres privados en niveles más bajos que en otras capitales europeas. Ahora, ante el auge de la turistificación, el ayuntamiento austriaco planta cara a los especuladores para evitar que la ciudad se transforme en un escaparate vacío, sin vecinos ni vida real.