El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este martes 15 de septiembre la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Sumar para modificar la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023 y restringir la adquisición de viviendas residenciales por parte de personas jurídicas. La propuesta obtuvo 44 votos a favor, 175 en contra y 127 abstenciones, por lo que no continuará su tramitación parlamentaria.
La iniciativa planteaba que las viviendas residenciales en uso únicamente pudieran transmitirse a personas físicas. La restricción también habría alcanzado a las promociones de nueva construcción una vez obtenido el certificado de fin de obra.
La propuesta contó con el respaldo de Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. PP, Vox y Junts votaron en contra, mientras que PSOE y PNV optaron por la abstención. Sumar justificó la reforma por la necesidad de limitar el uso de la vivienda residencial como activo de inversión y sostuvo que la entrada de personas jurídicas en este mercado contribuye a dinámicas especulativas.
No es la primera vez que el Congreso rechaza una iniciativa de estas características. Una propuesta anterior con el mismo objetivo tampoco consiguió iniciar su tramitación parlamentaria en 2025, también con los votos contrarios de PP, Vox y Junts y la abstención del PSOE.
Para quienes defendían la iniciativa, su rechazo supone perder una herramienta con la que limitar el peso de los fondos de inversión y las empresas en el mercado residencial. La propuesta pretendía restringir la compra de viviendas por personas jurídicas en un contexto en el que el acceso a una vivienda asequible sigue siendo uno de los principales problemas sociales del país. Con la votación del Congreso, esa vía queda descartada por ahora y el mercado continuará sin esa limitación específica a la adquisición empresarial de viviendas.