Los sindicatos convocan una huelga general por la vivienda para el 11 de noviembre

CCOO, UGT y organizaciones por el derecho a la vivienda sitúan el 11 de noviembre como fecha para una huelga general de 24 horas. El paro reclama alquileres asequibles, salarios que permitan acceder a una vivienda y medidas contra la crisis habitacional.

Los sindicatos convocan una huelga general por la vivienda para el 11 de noviembre

Los principales sindicatos y las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda preparan una huelga general de 24 horas para el próximo miércoles 11 de noviembre en toda España. CCOO y UGT respaldan una convocatoria impulsada por el movimiento inquilino para exigir medidas frente al encarecimiento de la vivienda y vincular la crisis habitacional con las condiciones laborales y salariales. La fecha, planteada por el Sindicato de Inquilinas, debe quedar formalmente consensuada con el conjunto de organizaciones convocantes.

La movilización contará previsiblemente con el apoyo de CCOO, UGT y CGT, además de organizaciones sindicales como CIG, ELA y LAB y diferentes sindicatos de inquilinas. De confirmarse la convocatoria conjunta, será la primera huelga general respaldada por las dos grandes centrales sindicales en 14 años. El último paro de estas características apoyado por ambas organizaciones se produjo en 2012.

Entre las principales reivindicaciones figuran la limitación efectiva de los precios del alquiler, la ampliación de un parque público de vivienda protegida y permanente y la aplicación de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todo el territorio. CCOO y UGT también reclaman salarios que permitan hacer frente al coste de la vivienda y han situado estas demandas dentro de la negociación colectiva. Su propuesta sindical contempla incrementos salariales de entre el 4% y el 7% y mecanismos de revisión salarial.

Las protestas han denunciado el aumento de los alquileres, los desahucios y el peso de la especulación inmobiliaria, mientras organizaciones de inquilinas reclaman contratos más estables y una intervención más intensa del mercado residencial. La patronal ha cuestionado el carácter laboral de la convocatoria y ha planteado la posibilidad de impugnarla judicialmente.

Scroll al inicio