El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes 20 de octubre una propuesta para garantizar la aplicación de la moratoria de desahucios y reforzar la protección de las familias vulnerables frente a la pérdida de su vivienda. La iniciativa, presentada por ERC en la Comisión de Ecología, Urbanismo y Vivienda, ha salido adelante con los votos favorables de Barcelona en Comú, PSC y ERC. El acuerdo insta al gobierno municipal de Jaume Collboni a intervenir de oficio en los procedimientos de desahucio afectados por los nuevos decretos estatales de vivienda, con el objetivo de asegurar que las medidas de protección se apliquen de manera efectiva.
La propuesta llega después de la aprobación de los nuevos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno español, que introducen medidas para frenar los desahucios y proteger a los hogares en situación de vulnerabilidad económica. Entre sus disposiciones figura la posibilidad de suspender determinados procedimientos de desahucio cuando las personas afectadas acrediten una situación de vulnerabilidad y carezcan de una alternativa habitacional. Según la guía publicada por el Sindicat de Llogateres, la nueva regulación contempla una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2030, con condiciones específicas según el tipo de propietario y las circunstancias del procedimiento judicial.
Además de reclamar la intervención municipal en los procedimientos judiciales, el acuerdo insta al consistorio a seguir aplicando las medidas vinculadas a la prórroga y continuidad de los contratos de alquiler, la protección de los hogares vulnerables y la ampliación del parque de vivienda asequible. La propuesta también establece que el gobierno municipal deberá presentar un informe en el plazo de un mes para detallar qué actuaciones ha realizado el Ayuntamiento y cómo se están desplegando los dos decretos estatales en Barcelona.