Ada Colau ha ratificado este martes, 5 de mayo de 2026, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia contra Israel por delitos contra la comunidad internacional, crímenes de lesa humanidad, torturas y detención ilegal. La denuncia, presentada por su abogado Jaume Asens el pasado 28 de octubre, se refiere a los hechos ocurridos tras el abordaje militar del barco de la Flotilla humanitaria en el que viajaba la exalcaldesa de Barcelona el 1 de octubre de 2025.
Según el escrito, la embarcación fue interceptada “violentamente” por fuerzas militares israelíes, sin orden judicial y sin que existiera hostilidad o amenaza militar por parte de la tripulación, formada por civiles no armados. Colau sostiene que, tras el asalto, fue trasladada al puerto israelí de Ashdod, donde permaneció varias horas incomunicada, sin asistencia letrada ni consular, sin agua ni comida, y obligada a estar de rodillas mientras recibía insultos y algunos golpes.
La denuncia también recoge que la privación de libertad continuó en la prisión de Ketziot, situada en el desierto del Néguev, donde Colau afirma que estuvo encerrada durante cuatro días sin orden judicial ni información sobre los motivos de su detención. Durante el traslado y la reclusión, la exalcaldesa denuncia “tratos humillantes, intimidatorios y degradantes”, hacinamiento en las celdas e interrupciones del sueño provocadas por los guardias.
Colau enmarca estos hechos en un patrón de ataques contra misiones humanitarias y sostiene que el uso de fuerza militar contra una misión civil pacífica en aguas internacionales vulnera tanto la legalidad internacional como el Código Penal español, que permite proteger a víctimas españolas de determinados delitos cometidos en el extranjero. La denuncia considera que la actuación formaría parte de una “política institucionalizada de represión violenta contra la ayuda humanitaria”.
La denuncia de Colau no solo busca depurar responsabilidades por su detención, sino también visibilizar la persecución de quienes intentan romper el bloqueo y garantizar ayuda básica a la población palestina. En un contexto de creciente impunidad internacional, llevar estos hechos ante la Audiencia Nacional supone un paso para exigir verdad, reparación y garantías frente a ataques contra civiles, activistas y personal humanitario.