La Coordinadora pel Dret a l’Habitatge reclama el uso dotacional de tres inmuebles para hacer frente a la emergencia habitacional en el distrito.
La protesta surge tras el desalojo de chabolas en el barrio y denuncia la política de vivienda del gobierno municipal.
Acusan al PSOE y al PP de convertir esta misión en una operación propagandística.
Foment del Treball presiona al Ayuntamiento para modificar la medida estrella del gobierno Colau, que ha sido replicada con éxito en ciudades como París.
El inmueble, construido durante el mandato de Ada Colau, está situado en el número 96 de la calle Venezuela, con un total de 140 viviendas.
La operación contó con la participación de un centenar de agentes de la policía local y Mossos d’Esquadra y los sindicatos de vivienda y la oposición critican la inacción del gobierno.
Raquel, vecina de Verdum y víctima de violencia machista, logra frenar su desahucio tras denunciar el abandono institucional del Ayuntamiento y la Generalitat.
La entidad alerta que tramitar el decreto como proyecto de ley facilitaría que el lobby inmobiliario rebaje su contenido.
Un informe del Consell Econòmic i Social de Barcelona revela que el 50% de los habitantes del área metropolitana ha cambiado o cambiará de vivienda entre 2018 y 2027.
El acuerdo también incluye 100 inspectores para hacer cumplir el tope del aquiler, un destista público y atención psicológica gratuita para jóvenes.
