El Ayuntamiento de Barcelona debate cómo frenar el alquiler de temporada. Mientras BComú exige prohibirlo, el gobierno de Collboni asegura que solo se puede regular.
El Govern y los Comuns acuerdan duplicar el impuesto de transmisiones patrimoniales a grandes tenedores. El objetivo es desincentivar la especulación y destinar 200M€ anuales a políticas de vivienda. La medida también elimina bonificaciones fiscales para inmobiliarias.
Raval Rebel denuncia que el Ayuntamiento ha subido sin aviso previo el alquiler de viviendas sociales hasta un 100%. Familias que pagaban 100€ ahora deben pagar más de 400€. Mientras se anuncia la compra de Casa Orsola, los vecinos denuncian que el consistorio también actúa como un gran tenedor.
La semana pasada y a petición del grupo parlamentario de Comuns en el Parlament de Catalunya, la entidad SOS Besòs reclamó unidad y resposabilidades por la falta de voluntad política del actual gobierno Collboni.
Barcelona ve un auge en el número de «expats» procedentes de países con PIB más alto, alcanzando más de 86.000 personas, lo que representa el 5% de la población. El crecimiento se concentra en barrios como Eixample, Ciutat Vella y Sant Martí.
Según el informe CBRE 2025, Barcelona y Madrid destacan como destinos clave para la inversión inmobiliaria internacional. Un auge que beneficia principalmente a grandes capitales, mientras que las clases populares sufren las consecuencias de la gentrificación y el aumento de los precios.
El Banco de España confirma que la subida del precio de la vivienda ha aumentado la riqueza de los propietarios, mientras dificulta el acceso a nuevos compradores. El 10% más rico apenas tiene deudas, mientras que la mitad de las familias sigue hipotecada.
El Sindicat de Llogateres celebra la salvación de la Casa Orsola, pero denuncia que el Ayuntamiento ha pagado un sobreprecio al fondo inversor y les ha dejado fuera del acuerdo. Alertan de que este pacto no cambia nada para el resto de afectados y que la vivienda sigue en riesgo en Barcelona.
La lucha vecinal consigue salvar la Casa Orsola: el Ayuntamiento compra el edificio tras años de resistencia. Un triunfo del movimiento por la vivienda, pero con sombras: Collboni recorta el presupuesto para estas compras y podría usar esta victoria como coartada para eliminar el 30% de vivienda protegida.
La okupación en España no es el problema que parece. Mientras los datos oficiales indican que solo el 0,057% de las viviendas están ocupadas, el 51% de la población cree que afecta a la mitad del país.
