El acceso a la vivienda en propiedad sigue reduciéndose en España, especialmente entre jóvenes y rentas medias, mientras crece la concentración de inmuebles en manos de propietarios con varias viviendas. El mercado inmobiliario acentúa la desigualdad residencial.
El porcentaje de jóvenes con vivienda en propiedad en España se ha reducido a la mitad en poco más de diez años. El aumento del precio de la vivienda, la precariedad laboral y las dificultades para ahorrar están retrasando el acceso a la emancipación y a la compra.
Un estudio del Ministerio de Consumo y el CSIC revela que el 61% de los pisos de alquiler en España pertenece a propietarios con dos o más viviendas arrendadas. Barcelona es una de las grandes ciudades con mayor concentración de este tipo de propietarios.
El Ayuntamiento de Badalona coloca bloques de hormigón en un solar donde se refugiaban personas desalojadas tras un desalojo reciente. La medida impide el acceso al espacio y reabre el debate sobre la gestión de la emergencia habitacional.
Un juzgado ha suspendido el desahucio de un vecino del bloque Sant Agustí tras estimar las medidas solicitadas por el Sindicato de Inquilinas. La decisión paraliza temporalmente el lanzamiento y abre un nuevo escenario en el conflicto por la vivienda en el edificio.
La intervención del Síndic logra suspender durante tres meses el desahucio del Bloc Sant Agustí, en Barcelona. La medida da un margen temporal a las familias afectadas mientras se buscan soluciones habitacionales.
Comprar una vivienda en España exige hoy el doble de años de esfuerzo que en los años 80 y 90. El encarecimiento de los precios y el estancamiento salarial dificultan el acceso, especialmente para jóvenes y rentas bajas.
El precio medio de la vivienda aumentó un 7,4% en 2025 y continuará subiendo en 2026, según Sociedad de Tasación. La presión de la demanda y la falta de oferta siguen impulsando un mercado cada vez más inaccesible.
Un fondo especializado en colivings ha decidido retirarse de Barcelona en pleno impulso regulador de la ciudad. La empresa alega inseguridad jurídica ante nuevas normas urbanísticas que buscan limitar usos residenciales alternativos en la ciudad.
La Guardia Urbana desaloja un asentamiento de barracas en La Sagrera, donde vivían varias personas en situación de vulnerabilidad. El operativo se produce sin alternativas habitacionales suficientes, según denuncian entidades sociales.
