El gobierno municipal de Jaume Collboni aporta menos viviendas a la Mesa de Emergencia Social de Barcelona que los anteriores ejecutivos encabezados por Ada Colau. Los datos publicados este mes de julio muestran que, desde 2023, el Ayuntamiento también ha cedido cada año menos pisos que la Agencia de la Vivienda de Cataluña, en un contexto de colapso del sistema y aumento de las familias que esperan una alternativa residencial.
En 2023, año compartido entre los mandatos de Colau y Collboni, el consistorio aportó 57 viviendas, frente a las 78 de la Generalitat. En 2024, el Ayuntamiento cedió 78 pisos y el Govern catalán, 96. La tendencia se mantuvo en 2025, con 59 viviendas municipales y 62 procedentes de la administración catalana. Entre 2015 y 2022, el consistorio había sido siempre la institución que más viviendas destinaba a este mecanismo.
La reducción de las aportaciones se produce mientras la lista de espera alcanza cifras récord. En junio de 2026 había 763 familias o personas con una resolución favorable pendientes de recibir un piso, frente a las 738 registradas en enero. Durante 2025, el Ayuntamiento y la Generalitat adjudicaron conjuntamente 121 viviendas, casi 200 menos que las 319 entregadas en 2015 y la cifra anual más baja de toda la serie.
El gobierno municipal sostiene que también aloja a familias vulnerables mediante vías distintas a la Mesa de Emergencia y atribuye parte del descenso a la menor rotación de los pisos sociales. Barcelona en Comú señala, sin embargo, que los recursos destinados a construir vivienda protegida pasaron de 83 millones de euros en 2024 a 35 millones en 2025, mientras los desahucios aumentaron de 1.255 en 2023 a 1.373 en 2025.